CLARÍN - Hace pocos meses, en octubre de 2020, publiqué en este mismo espacio una nota titulada: ¿Cuál es el riesgo de no abrir los colegios? Por ese entonces se discutía la posibilidad del retorno a la presencialidad, el cual, a la vista del actual escenario, no contaba con voluntad política a no ser en la Ciudad de Buenos Aires y en alguna otra jurisdicción como lo es la Provincia de Mendoza.

Es claro que la presencialidad implica un riesgo, no hay duda al respecto, pues incrementa la movilidad de la población, lo cual no es un factor menor frente a la facilidad de contagio del COVID. Pero, cómo me preguntaba en aquella nota, ¿se justifica el asumirlo?

No existe nada gratis. Además de analizarse el riesgo de la presencialidad se debe considerar la otra cara de la moneda: el costo que genera el mantener la virtualidad, el cual puede superar ampliamente el beneficio por la reducción de la movilidad.

Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes han abandonado el secundario durante ya más de un año y medio sin clases presenciales? ¿Qué será de ellos en el futuro? ¿Se ha tomado en cuenta?

Esta nota ilustra este hecho con evidencia provista por un interesante trabajo publicado hace pocos días en el International Review of Education, titulado, “Consecuencias del Cierre de las Escuelas en el Acceso a la Educación: Lecciones de la Epidemia de Ébola 2013-2016”, el cual examina la deserción escolar, especialmente de los grupos tradicionalmente marginados, en Guinea y Sierra Leona.

Al estallar la epidemia de ébola las escuelas cerraron en ambos países entre siete y nueve meses; esta longitud e intensidad convierten al ébola en la única crisis sanitaria del pasado reciente que ha provocado cierres de escuelas similares a los experimentados en numerosos países durante gran parte de 2020.

El trabajo sugiere que después del ébola, la deserción sufrió un claro incremento, concentrándose el mismo en los estudiantes que concurrían a escuelas secundarias pertenecientes a los hogares más pobres. Las tasas de abandono superaron considerablemente las tasas esperadas previo al ébola.

Por ello, el autor advierte que, de no tomarse en consideración este efecto, existe el riesgo de una inminente expansión de la desigualdad como resultado de largo plazo de las políticas de cierres de escuelas llevadas a cabo en 2020.

¿Y qué decir de nuestra realidad? Vamos camino al año y medio sin clases presenciales para millones de niños y jóvenes. No es posible dudar que la deserción, mayoritariamente en la escuela secundaria, se incrementó, de sobremanera en los hogares más pobres. La brecha educativa, una expresión que debería darnos vergüenza, se ha de ampliar aún más.

Nada es gratis, ¡cómo nos cuesta aceptarlo! No consideremos solamente los beneficios, en términos de reducción en la tasa de contagios y muertes, de reducir la movilidad que implica la presencialidad. Tomemos en cuenta también los costos. Probablemente, de hacerlo, estaríamos salvando la vida de muchos jóvenes de quienes nos estamos olvidando

VISIÓN LIBERAL - Se veía venir y no se esperaba otro resultado. Pero de todas maneras, la confirmación de las presunciones alarma: Argentina derrapó en este último año: bajó seis posiciones en el “ICI2021”, el índice institucional que mide el funcionamiento de las instituciones políticas y de mercado

Las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández tuvieron consecuencia cuyo impacto real aún no se ha podido determinar. Seguramente “salte” en el índice del año que viene. Pero el confinamiento estricto que impuso el gobierno en marzo de 2020, las restricciones económicas y el impacto de las decisiones oficiales magulló aún más el golpeado cuerpo institucional de un país que viene “de peste en peste”.

La Argentina retrocedió seis puntos en el ránking de Calidad Institucional durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández como consecuencia de las medidas de aislamiento social y el desplome de la actividad económico durante la pandemia.

A nivel mundial, Argentina se encuentra en el puesto en el puesto 112° entre 189 países (75° en instituciones políticas y 137° en instituciones de mercado) por lo que concluyó el 2020 con un retroceso de seis puestos con respecto al año anterior.

Nada de mesetas: Argentina cae en picada año a año.

Argentina, el derrape continúa: sus instituciones están seis lugares más abajo

El Informe de Libertad y Progreso remarca que desde 1996 a hoy, el país retrocedió 68 posiciones y 19 desde 2007. De hecho, en América Latina está directamente en zona de descenso: se ubica en el puesto 26 de los 35 países que conforman el continente.

“Los cuatro países con medidas más estrictas en América Latina han sufrido drásticas caídas de su actividad económica durante 2020 según las estimaciones del FMI Honduras -8% (9% Banco Central de Honduras) , Argentina -11,8% (10% Indec), Bolivia -7,7% (organismo oficial sin datos totales de 2020) y Venezuela -30% (no hay datos del organismo oficial)”, aseguró Martín Krause, autor del índice, profesor en la Universidad de Buenos Aires y Consejero Académico en la Fundación Libertad y Progreso.

Y agregó que “en buena medida se explican no solamente por las medidas tomadas en la pandemia sino por la frágil situación de sus economías antes de que ésta llegara”. Finalmente consideró que “si observamos todos los países que tuvieron fuertes caídas en la economía, no solamente los de América Latina, veremos que son, en general, países de baja calidad institucional”.

El documento elaborado por Relial especifica seis grupos de naciones al considerar a los países de la región. En un primer grupo, más destacado, se encuentra aquellos “de buena calidad institucional que deberían protegerla y pueden mejorarla: Chile, Uruguay, Costa Rica e islas caribeñas”, consideró el informe.

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En segundo lugar se ubican naciones “de buena o media calidad institucional que deberían mejorar la calidad de sus instituciones políticas: Panamá, Perú, El Salvador”, continuó. El tercer puesto corresponde a países “de buena o media calidad institucional que deberían mejorar la calidad de sus instituciones de mercado: Uruguay e islas caribeñas”.

Entre los países de “mediana a pobre calidad institucional que deberían mejorar ambas cosas, pero principalmente sus instituciones políticas”, el ranking identificó a México, Paraguay, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y Guatemala.

Más abajo aparece la Argentina, junto a Brasil y Ecuador. Se trata de aquellas naciones “de mediana a pobre calidad institucional que deberían mejorar ambas cosas, pero principalmente sus instituciones de mercado”. En el último lugar para los países con “gran necesidad de realizar profundas mejoras” se ubicaron Bolivia, Haití, Cuba y Venezuela.

“La mala calidad institucional muestra su costo durante la pandemia, tanto económico como en limitación de las libertades individuales. El resultado sanitario no es mejor al de los países con buena calidad, aunque ya señalamos las dificultades para una comparación precisa entre países con características muy diferentes”, fue una de las conclusiones del informe.

“Una mejor calidad institucional permite hacer frente a crisis como ésta con mayores recursos, dispara más rápidamente la innovación y todo tipo de emprendimientos para hacer frente a las nuevas necesidades que la situación impone, fomenta la cooperación social voluntaria y permite un menor cercenamiento de las libertades individuales, con un costo económico menor”, cerró el documento.

CRONISTA - La emergencia sanitaria, social, política y económica fueron un acelerador de las nuevas tecnologías, un condicionante que creó una nueva legislación laboral de crisis, y un incentivo para llegar a la inteligencia artificial. En ese contexto, estamos experimentando un cambio de la legislación que se va a reflejar con mayor intensidad cuando comencemos el proceso de transición hacia la nueva normalidad.

Las empresas tienen que administrar hoy un subsistema legal más que complejo, combinando la legislación laboral, las reformas provisorias dispuestas por el Poder Ejecutivo antes y a propósito de la pandemia, las restricciones de la emergencia sanitaria y económica, y la legislación del teletrabajo junto al home office que gradualmente se está aplicando.

En el contexto actual, se mantienen las medidas que dieron origen al aislamiento (ASPO) en el contexto del distanciamiento (DISPO), con la diferenciación entre empresas esenciales y las que no lo son, y las empresas en proceso de recuperación y las que están en crisis, algunas de las cuales se las considera críticas.

Seguimos con la doble indemnización por despido desde mediados de diciembre de 2019 con un tope en la duplicación de $ 500.000 vigente hasta fines de 2021, y posiblemente se siga prorrogando.

Se mantiene la prohibición de suspender por causa de falta o disminución de trabajo y por fuerza mayor prevista en la LCT sin goce de salarios, y en cambio se permite suspender por vía del art. 223 bis (LCT) con el pago de un subsidio no remuneratorio pactado en forma individual, plurindividual o colectivo. Se mantiene también la prohibición de despedir por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o por causa de fuerza mayor que prevé una indemnización reducida (1/2 sueldo por año de antigüedad), dado que la pandemia es una causal de ambas formas de extinción del vínculo. Solo se admite la extinción de común acuerdo del art. 241 (LCT) y el despido con justa causa por faltas e incumplimiento del trabajador, por incapacidad, por inhabilidad y por jubilación.

El Gobierno Nacional está restringiendo los subsidios como fueron los ATP y ahora distribuye un magro REPRO II que tiene en vilo a más de un tercio de los empleadores que necesitan ayuda para sobrevivir a un alto costo.

En cuanto a las formas de encarar la crisis, tenemos una población protegida o de riesgo, una población cuya prestación es opcional, y una población que debe cumplir con su actividad en forma presencial. Los que pueden trabajar a distancia lo hacen generalmente bajo la modalidad de home office o trabajo a distancia y desde el domicilio del teletrabajador. En todos los casos faltan vacunas y medicación curativa.

Como el Covid 19 implica una causal extraña al dominio y control del empleador y es a la vez una causal imprevista, o que prevista no puede evitarse, en rigor, todo lo que estamos experimentando está bajo en condicionante global de que estamos sometidos a una circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor que se mantiene vigente y que no da señales de que se disipe en breve.

En ese contexto, la ley de teletrabajo (Ley 27,555 y dic. 27/2021) se está aplicando en forma paulatina, según las circunstancias de cada caso, y solo tendrá plena vigencia cuando se inicie el proceso de traspaso a la transición de la futura nueva normalidad.

Cuando sea posible el regreso, habrá que contemplar como mínimo los siguientes mecanismos:

1. El proceso de transición deberá contar con reglas claras, sobre todo cuando se abandonen, seguramente en forma gradual, las prohibiciones y las restricciones impuestas por la pandemia, hacia un nuevo escenario que será totalmente distinto al anterior al 20 de marzo de 2020;
2. Las suspensiones por falta o disminución de trabajo y por fuerza mayor habrá que reglamentarlas en el nuevo contexto;
3. Los despidos deberán contemplar el procedimiento de crisis por razones tecnológicas, que ya cuenta con un esquema básico en la Ley Nacional de Empleo 24.013  (1991), (art.23 y 98);
4. La creación del fondo de despidos, con financiamiento basado en la utilización de los recursos de la seguridad social, que aseguren el pago de las indemnizaciones en cualquier despido incausado;
5. La revisión del régimen de teletrabajo para que contenga normas de promoción del empleo, tratándose de la fuente de generación más importante del planeta;
6. La admisión de los sistemas de aplicaciones en un marco de viabilidad que facilite su implementación dentro de un marco regulado y registrado;
7. La salud va a ocupar en el futuro un papel relevante, y con ello habrá que optimizar los recursos, generar eficiencia, y contar con las herramientas de investigación y de producción para abastecer vacunas, medicamentos y todos los implementos preventivos;
8. La negociación colectiva debería propiciar la aplicación de las nuevas tecnologías, el teletrabajo en sus diversas formas, y el acceso de la comunidad laboral a la robotización, la despapelización, la informática y la inteligencia artificial que parece próxima a su aparición en el mundo real.

Hemos padecido todos los males de la pandemia, con la paralización de la economía, las medidas restrictivas para la mayoría de las actividades en general, y las demoras en las vacunas y en la medicación curativa por ahora inexistente.

Sería muy positivo, como lo están estudiando discretamente diversos grupos de especialistas, prepararnos para la transición de los sobrevivientes y para la salida hacia la nueva realidad, en un contexto optimista de desarrollo, innovación y prosperidad.

ÁMBITO FIANNCIERO - La inflación de abril fue del 4,1% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec). De esta manera, se desaceleró respecto de marzo pero dio arriba del 4% por cuarta vez en los últimos cinco meses. En lo que va del año los precios subieron 17,6%, una cifra que complica el cumplimiento de lo presupuestado por el Gobierno Nacional.

La inflación núcleo, que no contempla ni precios regulados por el Gobierno ni ajustes por factores estacionales, fue del 4,6% en abril, casi el mismo nivel en comparación con el mes previo.

En cambio, los precios regulados redujeron su suba hasta 3,5% mensual (vs. 4,5% en marzo) y los estacionales se desaceleraron significativamente desde el 7,2% hasta el 2,2% por bajas en frutas y verduras, y menores incrementos en la vestimenta.

La inflación de abril: qué fue lo que más aumentó

Lo que más subió en el cuarto mes del año fue la indumentaria (+6%), que ya había registrado un importante salto en marzo a partir del cambio de temporada en ropas exteriores. Detrás le siguieron las subas en transporte (+5,7%), impulsadas por alzas en naftas, adquisición de vehículos y en la tarifa de los taxis.

El podio lo completó, con una leve desaceleración, el rubro de alimentos y bebidas (+4,3%), que es el de mayor ponderación en el Índice de precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC. Los aumentos a nivel nacional fueron traccionadas por lácteos, aceites, productos para infusiones, pan y cereales, y carnes.

En el Gran Buenos Aires (GBA), los alimentos que más subieron fueron: el dulce de leche (+22,4%), la manteca (+18,2%), la lechuga (+17,9%), el vino (17,9%) y el arroz (+16,3%).

También se percibió un ascenso por encima de la media en la división equipamiento y mantenimiento del hogar, fundamentalmente a partir de un aumento paritario para el Servicio doméstico.

En el otro extremo, los tres rubros que menos aumentos de precios tuvieron fueron comunicación, recreación y cultura, y educación, este último con una gran desaceleración respecto de marzo, mes .

La inflación de marzo, según el Indec

En marzo la inflación había sido del 4,8%, un récord desde septiembre de 2019. Esta cifra fue generada, por un lado, por factores estacionales pero también por la inercia que vienen exhibiendo los aumentos de precios desde el último trimestre de 2020. Salvo en febrero de este año, desde diciembre la inflación mensual fue igual o superior al 4%.

"La inflación es un síntoma de desequilibrios económicos, que hace muchos años no se puede resolver de manera sostenida en Argentina. Estos niveles de inflación dificultan la recuperación del salario real, que ya lleva cuatro años de caída continua", sostuvo Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

De acuerdo con lo informado por el INDEC esta semana, en marzo los salarios subieron 5% impulsados por mejoras para los trabajadores del sector público y para algunos segmentos del sector privado como Entidades Deportivas, Comercio, Textiles, Gráficos, Madera, Carne, Maestranza, Alimentación y Sanidad.

De esta manera, en el primer trimestre los sueldos crecieron 13,1% y lograron empatarle a la inflación. Sin embargo, según datos del IARAF, en los últimos cuatro años los trabajadores informales perdieron un 24,5% de poder adquisitivo, los trabajadores del sector público un 21,6% y los del privado registrado un 16%.

Los aumentos de precios acumularon un 46,3% en los últimos 12 meses. Con este panorama, las consultoras y entidades financieras del sector privado que participaron del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectaron que la inflación minorista acumulada para diciembre de 2021 se ubicará en 47,3% interanual, lo cual significó un alza de 1,3 puntos porcentuales respecto de los pronósticos anteriores.

Si se anualiza inflación acumulada hasta el momento, 2021 cerraría con una inflación en torno al 60%, muy por encima del 29% estimado por el Gabinete Económico, que a este ritmo se alcanzaría ya para el mes de julio. Para el resto del año el sector privado espera que los precios tomen un camino descendente aunque la baja debería ser notable como para que se llegue a una cifra cercana a la del Presupuesto.