Gastón Kelly en Data Clave . El Decreto N.º 2417 de 1993 reguló las cuotas y matrículas de las instituciones de educación privada, estableciendo que los colegios de gestión privada deban informar el importe de la matrícula y el monto de las cuotas del ciclo siguiente antes de noviembre. Este régimen generaba aumentos anticipados e inciertos, ya que, ante la imposibilidad de ajustar los aranceles según la evolución real de los costos, los colegios se veían forzados a establecer valores preventivamente altos.

En sus considerandos, advertía que “las necesidades educativas de la comunidad no deben analizarse de manera aislada, sino dentro de un contexto más amplio, junto con las distintas circunstancias sociales que atraviesa el país, incluido el esfuerzo realizado por el gobierno y los particulares para alcanzar la estabilidad y el crecimiento económico”. Tres décadas después, ese principio vuelve a cobrar importancia.

Estabilizar la economía requiere revisar las normas que rigen a las escuelas privadas. En este sentido, la derogación del Decreto N.º 2417/93 busca generar un marco más flexible y racional para la fijación de matrículas y cuotas en los colegios privados sin aporte estatal.

El Decreto 787/2025 reconoce que estas limitaciones “dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”. La obligación de anticipar los aumentos y obtener autorización previa “crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario”.

La nueva normativa elimina esas rigideces. Permite que cada escuela defina aumentos de manera más gradual, en función de su estructura de costos y de la evolución económica. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó recientemente que “la inflación será menor al 1% mensual a mediados de 2026”. En un escenario de estabilidad, es probable que las cuotas escolares se actualicen por debajo de las proyecciones iniciales, reflejando una menor presión inflacionaria. De ese modo, el costo de la educación tendería a reducirse progresivamente en términos reales, aliviando el esfuerzo de las familias y fortaleciendo la previsibilidad de la economía familiar.

En síntesis, la reducción progresiva del peso de las cuotas en el ingreso de los hogares constituye una mejora social de alto impacto. Es una medida comparable, e incluso superior, a muchas políticas socioeducativas implementadas en el pasado. Fortalece la previsibilidad y la estabilidad económica de las familias, pilares esenciales para la planificación educativa y el acceso sostenido a una educación de calidad.

En esa misma línea, la actualización normativa busca evitar aumentos arbitrarios y promover un entorno más equilibrado y sustentable para las instituciones escolares y las familias. También alinea al sistema educativo privado con el resto de la economía, corrigiendo distorsiones que durante años afectaron tanto a escuelas como a padres.

Aldo Abram un referente clave en el análisis de la realidad argentina. En plena efervescencia del histórico acuerdo comercial con Estados Unidos, sellado esta semana y que abre puertas a exportaciones sin aranceles en sectores como acero, aluminio y agroindustria, Abram nos da su visión sin filtros.

Hablamos del presente del país: ¿estamos saliendo del pozo o es solo un espejismo? De la situación económica favorable, con un superávit comercial que empieza a asomar. Y, por supuesto, del impacto del pacto con los EE.UU.: ¿el pez grande se come al pez chico o más empleo, previsibilidad y un empujón a la «economía del conocimiento» que podría recargar nuestras baterías?

INFOBAE  Cualquier política que permita una mayor apertura de mercados para la Argentina —pero también una mayor apertura económica de la Argentina con otros países— tiene que ser bienvenida. Eso obliga a los productores locales a hacer un mayor esfuerzo e inversiones para ser eficientes y poder competir contra los productos de otros países; cosa que acá se impedía a través de altísimos aranceles o medidas paraarancelarias que ahora se están eliminando, y que, en definitiva, les permitía ganar plata a estos productores locales a costa del bienestar de los argentinos, que tenían que pagar más por bienes que en el exterior eran, por ahí, de mejor calidad y valían mucho menos.

Eso no puede continuar siendo así, así que cualquier apertura económica que se acuerde con otros países siempre va a ser bienvenida.

Por otro lado, el hecho de abrir nuevos mercados hace que nuestros productores tengan un mejor acceso, al ser preferencial, en los mercados de otros países —en este caso, en Estados Unidos—, mejorando su competitividad con respecto a otros que no han negociado este tipo de ventajas. No tiene ningún sentido pretender poner barreras paraarancelarias, como tratar de pedirles a productores de otros países que tienen sistemas de control —ya sea de sanidad u otros— iguales o mejores que los de Argentina, que además hagan esos mismos controles acá. Es absurdo: con que demuestren que esos productos están autorizados a ser vendidos en sus países de origen, donde tienen igual o mejor sistema de control que el nuestro, ya debería ser suficiente.

Y, por otro lado, sí, hay que revisar (y urgente) el sistema de respeto de la propiedad intelectual. Muchos han aprovechado la actual legislación para apropiarse de productos o patentes que han desarrollado, y en los cuales han invertido, otras empresas del mundo, y que, obviamente, evitaron hacer esas inversiones ellos, pero sí las usufructuaron. Eso también hay que revisarlo, y es un compromiso que hay que cumplir en algún momento en nuestro país.

Aldo Abram, estuvo en ‪@canal7santiago‬ analizando el impacto de los últimos números inflacionarios de la Argentina. La inflación del mes de Octubre muestra los efectos de la incertidumbre anterior a las elecciones. Eso hizo que nuestra moneda perdiera valor y se verá también en este mes.