Por Alberto Benegas Lynch (h)

A esta altura resulta evidente que los ideales de la democracia en cuanto al respeto por los derechos de las minorías se han desvanecido. No porque esas metas no sean nobles sino porque los incentivos operan en otra dirección hasta convertir ese sistema de gobierno en pura cleptocracia.

Mientras continúa el fértil debate para dilucidar los entuertos propios del “síndrome de Hobbes” en relación a los bienes públicos, los free-riders, las externalidades, el dilema del prisionero, las confusiones en torno a la “tragedia de los anticomunes” y, en el contexto de la asimetría de la información, la selección adversa y el riesgo moral, mientras esto tiene lugar decimos, es menester buscar salidas al atolladero en el que estamos si no queremos correr el riesgo de que todo termine abruptamente en el Gulag.

No podemos vivir simplemente con recuerdos de pasados gloriosos sino que debemos agudizar el ingenio y proponer medidas concretas para abandonar la mediocridad. Giovanni Papini en su “Discurso de Florencia” decía que los florentinos vivían de los recuerdos de los Dante, Miguel Ángel, Leonardo, Giotto y Boticelli, que se habían convertido en “porteros de salas mortuorias” concentrados en “difuntos célebres”. Siempre es de interés recordar las instancias históricas de respeto recíproco y marcos institucionales civilizados, pero no basta con la contemplación de ese norte sino que se torna imperioso llegar a el con todas las contribuciones que desde entonces afloraron en los espíritus independientes.

Resulta tragicómico cuando, por una parte, las quejas son constantes por los sucesos del momento y, por otra, hay quienes se niegan a considerar ideas y propuestas que se salen de lo habitual, como si se pudiera revertir la situación con más de lo mismo. Si no hay voluntad de apartarse de las medidas que provocan el caos, no hay derecho a quejarse. Solo las mentes despejadas de telarañas y prejuicios están en condiciones de renunciar a la bruma del momento y abrir horizontes y correr fronteras en busca de soluciones refrescantes.

En esta línea de pensamiento, en primer término, resulta conveniente considerar la propuesta de Montesquieu que en capítulo segundo del libro segundo de El espíritu de las leyes escribe que “El sufragio por sorteo está en la índole de la democracia; el sufragio por elección es el de la aristocracia”. El sorteo de personas mayores de edad, que sepan leer y escribir y que estén dispuestas a ocupar cargos públicos es el sistema que debiera considerarse para la presidencia y vicepresidencia del ejecutivo. De este modo las discusiones dejarían de ocuparse de características personales de candidatos y anécdotas varias respecto de partidos políticos para, en cambio, centrar las atenciones en los límites al poder del gobernante puesto que cualquiera podría acceder a los cargos de referencia tal como ocurría para algunos puestos de relevancia política en las repúblicas de Florencia y Venecia en el Renacimiento.

En segundo lugar, habría que revisar aquél postulado lleno de buenas intenciones en cuanto a que “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”. Esta noción deriva del supuesto peligro de los atropellos de las muchedumbres, sin percatarse de los atropellos y abusos de los supuestos representantes en verdad no representan sino a los intereses de los aparatos políticos y, entre elección y elección, con tono solemne, hacen prácticamente lo que les viene en gana y terminan defraudando a todos en medio de corruptelas de diverso calibre (poco falta para que volvamos a las andadas de Calígula que eligió a su caballo en el senado romano). Gallup Internacional acaba de realizar una encuesta en Europa sobre un universo de 50.000 personas en 60 países. El resultado fue que el 63% considera a sus representantes deshonestos, el 60% estima que se arrogan demasiado poder y el 52% que son incompetentes para las labores que se les encomendó (y esto nada dice de las opiniones en países latinoamericanos o africanos).

Sería de interés debatir la posibilidad de establecer un sistema de democracia directa tal como la proponen autores como Bruno Frey (más bien semi-directa ya que el ejecutivo, los parlamentos y el poder judicial continuarían con labores específicas) en el contexto de una Constitución que, al limitar el poder, apunta a la preservación de los derechos de todos y un riguroso federalismo que corre el eje de las discusiones estrictamente a los intereses de las personas que integran comunidades reducidas en tamaño.

Se ha dicho que este sistema era solo apropiado a lugares como la clásica Atenas con no más de 30.000 ciudadanos, pero hoy con los procedimientos electrónicos es posible la votación de modo expeditivo en la forma parecida a la que se estableció en los 26 cantones suizos, donde existe el referéndum para consultas específicas sobre legislación a aplicar (a diferencia del plebiscito que se refiere a la aprobación o rechazo de legislación ya sancionada) y las iniciativas ciudadanas con el uno por ciento de las firmas de votantes registrados. De 1990 a 2000 hubieron cuatrocientos referendos, la mitad en Europa, ochenta en Estados Unidos y la diferencia en el resto del mundo.

Para asegurar la limitación del poder, este procedimiento debe ser acompañado no solo por los principios constitucionales mencionados sino por el federalismo en el sentido de que el fraccionamiento del poder se base en las votaciones de todas las legislaciones en sede municipal, tal como proponían los llamados “antifederalistas” en Estados Unidos (como es sabido, más federalistas que los propios federalistas) y como actualmente lo sugiere y refuerza argumentalmente el periodista y abogado José Benegas. En este contexto, los municipios coparticiparían la recaudación fiscal a las provincias y estas a su vez al gobierno nacional. A su vez, la cámara de senadores en los tres niveles mencionados se despolitizaría en cuanto a que sus integrantes serían electos por una única vez por sus pares en edad sin posibilidad de reelección ni de postulación para ningún cargo político tal como lo propone Hayek (en el tercer tomo de su Derecho, Legislación y Libertad). Asimismo, los diputados y senadores ocuparán sus bancas ad honorem y sesionarán durante tres meses a última hora del día (en no pocos lugares de ello derivaba lo de “la Honorable Cámara” que muchos tomaron en el sentido de “honorabilidad” que, en la mayor parte de los casos, resultó en una chanza de mal gusto).

Sin duda que nada sirve como dique de contención si no se trabaja en el terreno educativo en dirección a apuntalar y difundir los principios de la sociedad abierta, pero las medidas señaladas se dirigen a fortalecer incentivos ya que en cada municipio sus integrantes estarán interesados en preservar sus propiedades, en atraer inversiones al efecto de valorizar sus inmuebles y aumentar ingresos de sus pobladores, al tiempo que los intendentes velarán para que la gente no se mude a otro municipio para lo cual es menester configurar un sistema fiscal razonable y, por ende, un nivel de gasto público cómodamente financiable.

Además de las especificaciones constitucionales, a diferencia de las mayorías compactas, las votaciones para resolver asuntos que directamente conciernen a los interesados hacen que éstos tiendan a autoimponerse límites, del mismo modo que en un consorcio se sobreentiende que los copropietarios se expedirán sobre asuntos comunes tales como el color de la alfombra del hall de entrada o las marcas de ascensores que se contratarán pero a nadie se le ocurriría proponer un voto para que la mayoría expropie a la minoría de sus viviendas y otras pertenencias (aunque en los estatutos no se consigne que está prohibido asaltar al vecino).

A lo dicho, como parte de la descentralización que impone el federalismo, debe adicionarse que en los arreglos contractuales las partes deben estipular quienes se desempeñarán como jueces en caso de disputa con todas las instancias que se estimen pertinentes y solamente se recurrirá a los jueces políticos allí donde hubiera conflicto sin que medie contrato previo. La condición para designar a un juez en las referidas relaciones contractuales serán exclusivamente la idoneidad que las partes consideren que la persona en cuestión acredita (no necesariamente tiene que ser abogado). De este modo la ley tenderá a ser lo que era en las primeras instancias del common lawy durante la República Romana basada en fallos judiciales en competencia en un ámbito de descubrimiento del derecho y no de diseño o de ingeniería social en cuya situación el poder legislativo se limitaba al contralor de las finanzas públicas del rey o el emperador como lo explican juristas de la talla de Bruno Leoni.

Todas estas medidas precautorias son en la esperanza de mitigar abusos y arbitrariedades. Como he destacado en otras oportunidades, el referido F. A. Hayek, en las primeras doce líneas del tercer tomo de la edición original de su también citado Law, Legislation and Liberty, mantiene que, hasta el momento, la democracia concebida para mantener en brete al poder ha constituido un fracaso estrepitoso, por lo que propone lo que bautiza como “demarquía” cuyo eje central estriba en lo que hemos aludido sumariamente en esta nota en cuanto a la composición de la cámara de senadores y su correspondiente despolitización.

Por supuesto que no es especialmente estimulante anoticiarse que, en plena democracia directa, Sócrates fue condenado a muerte por sus opiniones relativas a la justicia y la verdad, pero en el caso que nos ocupa estamos rodeando el sistema de una democracia semi-indirecta con preceptos constitucionales limitantes del poder, buena parte de los jueces despolitizados, una de las cámara legislativas también despolitizada y la elección de la fórmula presidencial por sorteo. Nada es perfecto que esté al alcance de los mortales, de lo que se trata es de minimizar riesgos.

Abrigo la ilusión que estas sugerencias se debatan porque como ha dicho Einstein “pretender la obtención de resultados distintos con las mismas causas es una muestra de insensatez”. El sistema no puede basarse en el simple deseo de que los que ocupen cargos políticos sean buenas personas, sino en incentivos fuertes y limitaciones claras para contar con gobernantes condicionados a no salirse de lo convenido en el contexto de una sociedad de hombres libres. Dados los acontecimientos que son del dominio público, se hace necesario desplegar la imaginación para ponerle coto al Leviatán, debe insistirse en el punto hasta dar en la tecla porque como ha escrito Miguel de Unamuno: “El modo de dar una vez en el calvo, es dar cien veces en la herradura”.

*Publicado por Diario de América, Nueva York.

Por Alberto Benegas Lynch (h)

Se está bastardeando de modo superlativo la expresión “derechos humanos” ya que además de constituir un grosero pleonasmo (los minerales, vegetales y animales no son sujetos de derecho), habitualmente se recurre a esta terminología redundante para arremeter contra el derecho. Generalmente quienes sustentan  políticas basadas en los antedichos “derechos humanos” no entienden el derecho puesto que a su paso lo liquidan al patrocinar medidas estatistas que en gran medida arrasan con las libertades. En esto consiste el control de precios, el manejo discrecional del flujo de fondos de empresas denominadas “privadas” pero que en la práctica están privadas de toda independencia, la administración fraudulenta de los recursos públicos, los constantes atropellos del Leviatán en todos los órdenes de la vida, impuestos asfixiantes y superpuestos, deudas inauditas, gastos tremendamente adiposos, quiebra de la división horizontal de poderes, sindicatos basados en estructuras legales totalitarias, falsificación de estadísticas, inflaciones descontroladas y mordazas varias a la prensa.

En este contexto, el gobierno argentino ha decidido castigar a los responsables del combate al terrorismo debido a sus inaceptables y aberrantes metodologías pero, al mismo tiempo, exculpar a quienes iniciaron los asesinatos en las épocas de un gobierno constitucional. Y no solo eso, sino que aquellos terroristas ocupan cargos ministeriales en el actual gobierno mientras que la dupla a cargo de su modelo ideal, el de la isla-cárcel cubana que produjo ríos de sangre en todos lados donde pudo influir, ahora proclama a los cuatro vientos que cambiará de rumbo y que como primera medida producirá un “ajuste” que implica el despido de un millón trecientos mil burócratas con una indemnización de un sueldo por cada diez años de trabajo (el salario promedio es de catorce euros mensuales). ¿Puede concebirse un doble discurso más radicalizado y una parodia mayor que la del gobierno argentino de estos años, paradójicamente constituido por quienes se autotitulan “militantes” y admiradores del coronel Chávez y el comandante Guevara?

En momentos de escribir estas líneas, el gobierno argentino ha decidido culpar a las empresas concesionarias de energía eléctrica por los reiterados cortes de luz cuando estos se deben a la permanente intromisión del aparato estatal en los negocios de las empresas en cuestión, por lo pronto congelando las respectivas tarifas. Este es otro de los tantos ejemplos de fascismo reinante: los gobernantes permiten que se registre la propiedad a nombre de particulares pero se reserva la facultad de usar y disponer del flujo de fondos de la empresa.

La maniobra con las empresas eléctricas se debe a que apuntan a arrancarles las concesiones y asignarlas a grupos amigos tal como se hizo con la empresa local de aeronavegación cuando estaba en manos de un grupo español. Una de las vertientes internas del gobierno propuso la estatización de las empresas eléctricas pero se les respondió que resultaba mejor la variante mencionada puesto que en ese caso los gobernantes pueden acceder a parte del patrimonio de las empresas compartiéndolas con los amigos, al tiempo que mantienen el control sobre las mismas y, si las cosas andan mal, siempre hay a quien endosarle la culpa frente al público general.

Es un desopilante doble discurso el referirse al “desendeudamiento” cuando la deuda trepa a niveles exorbitantes, es un hipócrita doble discurso alegar que debe prestarse atención al “gasto social” cuando el gobierno ha expropiado recursos de jubilados, maneja discrecionalmente cajas para “disciplinar” a cortesanos y financia fuerzas de choque en un contexto de acelerados indicadores de pobreza, es un inaudito doble discurso la publicación de los guarismo de la inflación achatados artificialmente por mandato gubernamental en el contexto de contabilidades “creativas” en la banca central, es un doble discurso fenomenal el declamar que deben mejorarse las condiciones de vida mientras se eleva y complica la maraña de impuestos al trabajo y se tejen acuerdos espurios con cazadores de privilegios que la juegan de empresarios, es un doble discurso de baja estofa el vociferar sobre la libertad de asociación al tiempo que se redoblan las disposiciones que permiten los desmanes de unicatos sindicales y es un inaceptable doble discurso aludir a la “calidad institucional” cuando se atropellan las normas republicanas más elementales y se pretende silenciar la libertad de expresión y reducir el Congreso a una mera figura decorativa y, por último, constituye una afrenta a la inteligencia que algunos personeros del gobierno hagan propaganda de “un país seguro” cuando los domicilios son asaltados con llamativa impunidad y transitar por la vía pública se está convirtiendo en una peligrosa aventura, no solo por los permanentes cortes y “tomas” de piqueteros y sus secuaces sino por los riesgos de robos, golpizas y muertes que tienen lugar a diario.

En otros términos, la técnica del doble discurso está plenamente difundida por los más diversos pasillos del poder. Lo que resulta inconcebible es que hayan aun personas que se traguen el anzuelo y no reaccionen en los procesos electorales al elegir a personajes que, en la práctica, seguirán los mismos pasos del actual gobierno tal como este ha seguido en lo esencial los de los anteriores sin solución de continuidad mientras no se reviertan las ideas estatistas que prevalecen en ámbitos muy extendidos de la cultura argentina.

Afortunadamente hay ahora en la Argentina (tan manoseada y aludida como “República Argentina” aunque sin vestigios de República) una nueva manifestación que viene a reforzar la lucha por esclarecer el ideario de la sociedad abierta en varios frentes. No solo en la cátedra universitaria que se ejerce desde hace tiempo en cantidad insuficiente, la publicación de artículos, ensayos y libros que se lleva a cabo de modo más bien solitario, sino a través de una recientemente creada institución que se inaugurará oficialmente en abril próximo la cual concentrará y multiplicará esfuerzos: la Fundación Libertad y Progreso impulsada por decididos partidarios de la tradición alberdiana y en la que también participan destacados intelectuales de otras partes del mundo. Como consecuencia de la labor de esta usina de estudio y difusión de los principios de la sociedad abierta, también se formarán personas que, a su vez, hará posible la aparición de candidatos que en la arena política puedan articular un discurso compatible con esta noble visión que es precisamente la que permitió que, en su momento, la Argentina fuera la admiración del mundo por su notable progreso moral y material, antes de ser presa de los populismos de raigambre diversa desde hace ya demasiado tiempo. Se abre así una justificada esperanza respecto de la acción de una entidad autónoma e independiente de toda corriente partidaria que apunta a esclarecer y abrir cauces y marcar rumbos con el coraje y honestidad intelectual que las circunstancias demandan en un ámbito del necesario rigor, seriedad y poder de persuasión sobre los efectos bienhechores de vivir en libertad. Para bien de todos, es de desear que se logren los mencionados cometidos lo antes posible.

*Publicado por Diario de América, Nueva York.

El año 2011 se inicia con más incertidumbres que certezas. La economía sigue recibiendo un fuerte impulso internacional, pero el clima nos trae malas noticias que se suman al problema de la inflación y de los sindicatos; mientras los políticos no encuentran un discurso ni una acción que permita ser optimista acerca de la progresiva degradación de la paz social.

La devaluación del dólar nos beneficia por nuestra deuda dolarizada y por los precios de los commodities. A su vez, las bajísimas tasas de interés de EE.UU. y Europa están generando una burbuja en los países emergentes que son grandes importadores de alimentos, lo cual ha mantenido altísimos los precios de nuestras exportaciones.

El ciclo de expansión de nuestra economía continúa a un ritmo acelerado. Pero el gobierno no sólo está desperdiciando esta situación sino que las minas que ha ido sembrando empiezan a estallar.

El gasto público de US$ 160.000 millones ya supera todo límite razonable. Aún descontando gastos extras, en noviembre el aumento fue de 41% superior al de doce meses atrás, es decir, cerca de un 16% en términos reales. El déficit fiscal sigue cubriéndose con aportes de la ANSES y del BCRA, pero la inflación ya está en torno al 25% anual y en el 2011 sólo puede empeorar.

La gravedad de la inflación es difícil de sobreestimar. Por un lado, es la principal fortaleza de los sindicatos porque les permite tener negociaciones salariales cada vez más frecuentes; sus jefes jamás han acumulado tanto poder relativo en la Argentina. Tanto o más grave es que aumenta la cantidad de pobres y exacerba los ánimos de quienes viven de subsidios o salarios bajos. Además achata la pirámide salarial generando desequilibrios que, por ejemplo, obligan a muchos padres a revisar a qué colegio pueden enviar a sus hijos.  También va reduciendo la competitividad y las ganancias de las empresas con tarifas fijadas por el Estado y aquellas que exportan productos no beneficiados por el aumento de precios internacional.

Mientras tanto, los poderes institucionales se deterioran día a día, el ejército prácticamente está inoperativo, la policía empieza a sufrir importantes purgas ideológicas y la gendarmería despliega la cuarta parte de sus fuerzas para suplir a la bonaerense pero deja las fronteras hechas un colador y sin radares. Por su parte, las leyes y los jueces parecen proteger cada día más a los delincuentes.

La sequía sumará a este panorama una pérdida de la producción agrícola que tal vez supere las 20 millones de toneladas (entre maíz y soja), junto con problemas en la lechería y en la producción de carne lo cual puede afectar al campo en un valor que bien puede superar los USD 12.000 millones. Si no se revierten los pronósticos climáticos se va a deteriorar la actividad económica de las zonas de influencia lo que restará unos USD 4.000 millones a las arcas oficiales, en comparación con las estimaciones de un mes atrás.

El año termina con un clima político y social enrarecido. A los habituales cortes de calles y autopistas y a la toma de los colegios, se sumó Soldati, Albariño, Constitución y la toma de la comisaría de Glew. Las ocupaciones de tierras y propiedades ajenas  no son novedad, la novedad es la escala, la sensación de que son promovidas desde algunos sectores del propio peronismo y la violencia de la reacción popular, tal vez, incitada por activistas de incierta procedencia.

En ese contexto tendremos un año con varias elecciones, tal vez, empezando tempranamente en abril en la Capital Federal, donde es probable que haya primera y segunda vuelta. Existen dudas sobre la posibilidad de las primarias y sobre su fecha estimadas para agosto próximo, así como tampoco sabemos si las elecciones generales serán en octubre o serán anticipadas.

El oficialismo se encuentra en plena lucha interna tal como se preveía desde la muerte del ex presidente. Aníbal Fernández está en baja y el ala ideológica en alza, con Carlos Zannini, Máximo Kirchner, la nueva ministro de Seguridad Nilda Garré, junto a la presidente se encierran en un círculo cada vez más cerrado, aunque no pueden dejar apartado al imprescindible De Vido. Desde afuera, están cada vez más presionados por la pesada mano de Moyano y los oscuros proyectos de Milagro Salas.

En el peronismo esperan pacientemente que pase la euforia pasajera en la imagen presidencial, de modo que es difícil pronosticar quién, en definitiva, encarnará la propuesta peronista para las elecciones del 2011.

Tampoco la oposición tiene claro su panorama y los tejes y manejes irán definiendo una propuesta pan-radical, que no logra entusiasmarnos con candidatos como Alfonsín o Cobos, que no tienen muy clara cuál es su propuesta y parecieran decirnos que lo que más desean es parecerse al peronismo porque “ellos sí saben manejar el poder”. Del otro lado la propuesta del PRO será Macri para la capital, y despúes ¿Macri para el país? A estos se le sumarán otros candidatos menores que, lástima grande, tampoco generan ningún fervor.

Pese a todo, después de navegar entre mil incertidumbres, imaginamos un nuevo gobierno que enfrentará enormes desafíos en 2012, pero que posiblemente su cara visible sea un peronista más moderado y con mayor capacidad de diálogo, digamos…: un Scioli.

En suma, si bien los datos locales no dan muchos motivos para exaltar el ánimo y probablemente el próximo gobierno tenga que convivir con un pinchazo en las burbujas emergentes, la visión global Latinoamericana nos permite mantener un cauto optimismo. Tal vez la Argentina en medio de la zozobra descubra que existe otro camino que ya está recorriendo más de tres cuartas partes de la población de América Latina: el camino de las democracias liberales republicanas, donde la izquierda se moderniza, modera su lenguaje y acepta las reglas del libre mercado y la derecha se aleja del golpismo y del populismo.

América Latina, que sólo podía mostrar presidentes militares en la década del 70 y presidentes populistas en los 80, empieza a sumar nombres que permiten escribir una historia más cercana a la Libertad y al Progreso: Desde la derecha Uribe, Santos, Piñera, Calderón, desde la izquierda Bachelet, Lagos, Cardoso, Lula, Mujica, o incluso casos de cambios paradigmáticos como el de Alán García que resumen lo que está ocurriendo en el continente.

Por Alberto Benegas Lynch (h)

Como todo lo que firmo, solamente yo soy responsable de mis escritos. Ningún medio que publica mis opiniones necesariamente comparte lo que digo, se trata de hacer uso de mi libertad de expresión en medios receptivos a distintos puntos de vista puesto que del debate y la controversia argumental surgen elementos de juicio que sirven al lector en el contexto de procesos evolutivos.

Con mucha razón ha dicho Thomas Jefferson que “frente a la disyuntiva de no contar con gobierno pero disponer de libertad de expresión o tener gobierno sin esa libertad, decididamente me inclino por lo primero”. El cuarto poder resulta esencial para la vida misma de una sociedad abierta. Su función medular es la crítica al poder a los efectos de mantenerlo en brete. Todas las legislaciones sobre medios que se presentan bajo los más variados ropajes deberían abrogarse.

Los gobernantes no deberían tener ninguna intervención en la producción y distribución de papel ni en el mundo cibernético donde debe reinar la más completa libertad, debería privatizarse el espectro electromagnético al efecto de salirse del régimen autoritario de las concesiones y el aparato estatal no debería contar con agencias oficiales de noticias que solo sirven para condicionar a la prensa independiente y para malgastar los recursos de los contribuyentes.

Las figuras del “desacato” y dislates de tenor equivalente constituyen afrentas a la inteligencia y a los espíritus libres, todo lo cual en modo alguno significa que quienes publican informaciones falsas u ofensivas a los derechos de terceros puedan eludir las conclusiones de la justicia, siempre ex post nunca una censura a lo que se considere pertinente expresar.

Como es del dominio público, WikiLeaks acaba de difundir más de un cuarto de millón de documentos gubernamentales que pretendían mantenerse en secreto. Julian Assange -ciudadano australiano, radicado en Suecia y ahora desaparecido- es el responsable de haber hecho conocer la información “clasificada” quien no revela sus fuentes aunque se considera que el informador fue el soldado estadounidense Bradley Manning (quien fuera delatado por un hacker: Adrián Lamo). Inmediatamente reprodujeron la noticia Le Monde de Francia, El País de España. The Guardian de Inglaterra, The New York Times de Estados Unidos y Der Spiegel de Alemania, y luego hicieron lo propio prácticamente todos los medios existentes orales y escritos en papel o por la vía electrónica.

Esta documentación puso al descubierto infinidad de tramas, de traiciones, de hipocresías, de espionajes, de informaciones confidenciales y de alguna chismografía insustancial. Que el Departamento de Estado norteamericano utilizó a su diplomacia para espiar al Secretario General de las Naciones Unidas, a todos los miembros del Consejo de Seguridad de ese organismo y a otros encumbrados burócratas (seguimiento de tarjetas de crédito, identificación de ADN y otros datos personalísimos), que Pakistán financia a los talibanes, que la corrupción es alarmante en Argentina y en Afganistán (gobierno este que, además, recibe cuantiosos fondos de Irán), que China apunta a la unificación de Corea, que Arabia Saudita requiere que Estados Unidos ataque a Irán mientras le da apoyo financiero a Al-Qaeda, que Helmut Metzner, jefe de la oficina del ministro de relaciones exteriores alemán, filtraba datos reservados al gobierno norteamericano (por lo que ya fue despedido), que en la guerra de Irak el gobierno estadounidense ha cometido barrabasadas de diversa índole por las que intenta frenar causas judiciales varias, que Chávez constituye un peligro y que compra voluntades en el exterior, que algunos miembros del gobierno mexicano exhiben ambigüedades varias en cuanto a las drogas, que Sarkosy es errático e hiperactivo, que Angela Merkel representa el liderazgo europeo, que Putin influye decisivamente  sobre Berlsuconi, que el nicaragüense Daniel Ortega es uno de los tantos gobernantes jefes del narcotráfico, datos de la economía que se pretendían ocultar sobre España, truculentas revelaciones sobre la intervención militar rusa en Georgia y hasta intimidades que se querían mantener bajo siete llaves tales como que Kadafi ha recurrido al botox facial y que Cristina Kirchner no puede con Evo Morales ni con ella misma (“basta oírla hablar” ha dicho Mario Vargas Llosa). Ernesto Tenembaum en el programa televisivo “Palabras más, palabras menos” que se emite en Buenos Aires dijo el pasado 30 de noviembre que “es sorprendente que el mundo siga existiendo con estos gobernantes”. Ahora se anuncia que viene correspondencia muy comprometedora para Wall Street en su alianza con el poder de turno y algunas filtraciones inaceptables de “inside information” (solo lo referido a bancos se estima representa 10.000 documentos; en declaraciones a la revista Forbes Assange anunció que próximamente vendrá un “megaleak”).

El 29 de noviembre, Richard Stengel, el editor de la revista Time, le hizo un reportaje al mencionado Assange que duró 36 minutos. En esa entrevista, entre otras muchas cosas, manifestó que “los secretos no son para ocultar abusos”, que su organización “apunta a disminuir atropellos”, que “la ley no es lo que dicen los poderosos que es”, que “los servicios de seguridad chinos están aterrados de la libertad de expresión y mientras que podemos decir que esto es horrendo, pienso que esto también puede ser un signo optimista porque la expresión puede producir cambios”, que “Estados Unidos no es peor debido a su federalismo, el poder de los estados, lo cual hace que pueda expandirse en las relaciones exteriores”, que “Hillary Clinton debería renunciar porque violó el acuerdo sobre espionaje del que ese país es signatario” y que “los Estados Unidos son un caso interesante por sus atropellos y por sus principios fundadores”. Assange es buscado afanosamente por la Interpol alegando abusos sexuales aunque a nadie se le escapa que la razón fundamental de la cacería global radica en la filtración de archivos secretos que comprometen a muchos funcionaros, especialmente al cuerpo diplomático estadounidense que es de donde principalmente surge la información de marras. En lugar de eso, la Secretaria de Estado pretende aclarar lo inaclarable pero como reza el aforismo: “no aclare que oscurece”.

En este delicado tema hay varios aspectos a considerar. En primer lugar, lo público no es privado especialmente en sociedades que se precian de contar con sistemas transparentes y que los actos de  gobierno deben estar en conocimiento de los gobernados quienes se dice son los mandantes. Lo dicho no significa que en muy específicas circunstancias y de modo transitorio y provisional los gobiernos pueden mantener reserva sobre ciertos acontecimientos (como, por ejemplo, un plan de defensa que no debería divulgarse antes de su ejecución). En todo caso, la reserva mencionada es responsabilidad de quienes estiman debe mantenerse reservada la información correspondiente. En ningún caso puede imputarse a la función periodística la difusión de datos e informaciones una vez que estas llegan a las redacciones. En el caso que nos ocupa, en este plano, están a la par Assange y todos los medios más importantes del orbe que contribuyeron a difundir los documentos en cuestión. Si se lo detuviera a Assange por estas supuestas infidencias, habría que detener también, y con el mismo fundamento, a los editores de los periódicos más importantes del mundo, con lo que se habría dado por tierra con el sacrosanto principio de la libertad de prensa lo cual significaría la extinción de la vida civilizada en este planeta.

Viene a continuación otro asunto directamente vinculado con lo que analizamos y es el contrato de confidencialidad sea en el área privada o pública. Si un empleado de una empresa comercial asume el compromiso de no divulgar cierta información, no lo puede hacer. Lo contrario implica lesionar los derechos de la otra parte en el referido convenio. Idéntico razonamiento es del todo aplicable para el sector gubernamental. Cuando en los años cincuenta funcionarios gubernamentales estadounidenses (dicho sea de paso pertenecientes al Departamento de Estado) se comprometían a ser leales con su país y, simultáneamente, le pasaban información confidencial a los rusos, incumplían con sus deberes elementales. Este parce ser el caso del aludido soldado Manning, aunque autores como Sheldon Richman -editor de la revista The Freeman de la Foundation for Economic Education- ha publicado un artículo en el Christian Science Monitor en su edición del lunes 29 de noviembre donde sostiene que en casos de abusos extremos como los ocurridos en Irak y otros frentes, es obligación moral el denunciarlos (el primer documento a que tuvo acceso se titula “Collateral Murder” en referencia a la matanza de civiles), incluso el autor de la nota califica a Manning como “héroe”. En realidad, el contrato de confidencialidad ¿tendría vigencia si uno se entera que la están por asesinar a su madre o no son válidos los contratos contrarios al derecho? Respecto al caso Manning, personalmente no tengo opinión formada (para quien se solicitan 52 años de prisión) puesto que no dispongo de los suficientes elementos de juicio como para pronunciarme.

Es curioso observar el doble discurso cuando quienes no suscribían las patrañas del calentamiento global celebraron alegremente cuando ciertos hackers interceptaron correos electrónicos donde se ponía en evidencia la falsificación de estadísticas y otros fraudes y ahora, en cambio, condenan la difusión de documentos gubernamentales. Sin duda que los papeles privados son privativos de los destinatarios, interceptarlos constituye un delito pero, como queda dicho, lo público debe ser público. También hay doble discurso por parte de la gente que critica la puesta en escena de informaciones secretas pero la leen y escuchan con voracidad inaudita, digna de mejor causa.

Julian Assange comenzó con el “hackering” en 1987 con el seudónimo de Mendax (tomado de un verso de Horacio) por lo que fue detenido en su país natal en 1992 (pagó la fianza correspondiente y lo liberaron “por buena conducta”), fue coautor en 1997 de un libro titulado Underground: Tales of Hackering, estudió física y matemáticas en la Universidad de Melborne, ubicó a su WikiLeaks en Internet en 2007 y al año siguiente recibió el “New Media Award” de la revista Economist, en 2009 obtuvo el Amnesty International Media Award y en octubre del corriente año el Sam Adams Award for Integrity de la Sam Adams Associates. Hoy se reproduce mucho lenguaje de matonería en relación a este sonado caso, por ejemplo, Thomas Flanagan, asesor del primer ministro canadiense Stephen Harper, sugiere que Estados Unidos “debería fijar una recompensa para quien asesine a Assange” (el destinatario en comentarios escritos con lectores de The Guardian en diciembre 2 sostiene que ese funcionario “debería ser procesado por apología del crimen”).

Es de interés recordar el caso de lo que se ha dado en denominar en la jerga periodística como “los Papeles del Pentágono” cuyos documentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos fueron fotocopiados por Daniel Ellsberg con la ayuda de Anthony Russo y entregados primero a The New York Times y luego a The Washington Post que los publicaron en 1971, medios que alegando la Primera Enmienda de la libertad de prensa naturalmente no sufrieron ninguna sanción y los dos fotocopiadores clandestinos mencionados fueron sobreseídos por el Juez Federal William M. Bryne en 1973. Dichos documentos probaron gruesas y reiteradas  mentiras, patrañas y falsificaciones pavorosas de la administración de Lyndon Johnson sobre la guerra de Vietnam.

Tengamos en cuenta que en el caso de WikiLeaks, a los efectos del significado de las documentaciones expuestas y de las razones para su difusión, no resultan relevantes las características de la vida privada del fundador del referido sitio ni su visión filosófica de la vida (por otra parte, en entrevista con Atika Shubert de CNN, sostuvo que las imputaciones de abusos sexuales “constituyen una maniobra de distracción totalmente infundadas” que parecería se basan en la extraña figura del “sexo por sorpresa” debido a que una dama alega que al sujeto en cuestión se le habría roto el profiláctico en medio de un acalorado ejercicio copulatorio). De más está decir que el autor de estas líneas no está en condiciones de argumentar sobre la filiación ideológica ni sobre la conducta privada de Julian Assange en otros órdenes que desconoce por completo, ni tampoco le parecen que son temas que hagan a la cuestión aquí tratada.

Cambio a la primera persona del singular para decir que no se me pasa inadvertido que los tilingos se siempre le endilgarán la culpa de lo exhibido en WikiLeaks (el contenido que reflejan los cables y documentaciones secretas) al capitalismo sin reparar en que ese sistema se basa ante todo en criterios éticos sustentados en el respeto recíproco, del mismo modo que el tilingaje en masa endosó la crisis internacional al capitalismo, cuando en verdad se debió (y se debe) a los reiterados atropellos del adiposo, avasallador y torpe Leviatán. Antes, frente a cualquier apuro, el aparato burocrático designaba una comisión, ahora con la nueva manía de Obama que resucita el terror blanco en Rusia, frente a este nuevo aprieto, acaba de designar a Russell Travers como “zar” (¡otro más!), parecería que se ha olvidado la muy certera conclusión de Reagan: “el gobierno no es la solución, es el problema”.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, representante de un inmisericorde estado policial, ha tenido la desfachatez de denunciar a la diplomacia estadounidense en la reunión de mandatarios en Mar del Plata inaugurada el 3 de diciembre, quien también, con su presencia, ha convertido a la referida conferencia en una farsa monumental y en una escandalosa hipocresía debido a la declamada “defensa de la democracia” que suscribieron los países miembros.

David Samuels publicó un artículo en The Atlantic el 5 de diciembre en el que sostiene que Assange ha contribuido a incorporar procedimientos tecnológicos para quebrar el cerco de secretos impropios en una sociedad abierta y que las reacciones en contra recuerdan a las de Richard Nixon y sus seguidores en el lamentable caso de Watergate.

En todo caso, considero de utilidad la difusión de los documentos expuestos para que resulte más claro aún lo escrito por Hannah Arendt en el sentido de que “Nadie ha puesto en duda que la verdad y la política están más bien en malos términos y nadie, que yo sepa, ha contado la veracidad entre las virtudes políticas”. Los llamado “secretos de estado” (y escribo estado con minúscula porque de lo contrario debería escribir individuo con mayúscula que es más apropiado), en la inmensa mayoría de los casos son para ocultar las fechorías de gobernantes inescrupulosos, lo cual viene ocurriendo desde Richelieu, Metternich, Talleyrand y Bismarck, prácticas que revirtió categóricamente Estados Unidos pero que, de un tiempo a esta parte, ha retomado costumbres insalubres de otras latitudes.

A raíz de las persecuciones gubernamentales, algunos sitios Web le han negado la entrada a WikiLeaks, mientras que otros nuevos ofrecen hospedaje y muchos más bombardean con virus electrónicos de gran potencia con la intención de sofocar incendios de indiscreciones adicionales. De cualquier manera, hago votos para que salgan a luz cuanto antes los documentos que vinculan a lobistas de Wall Street que, si bien incluyen operaciones de empleados deshonestos no detectados por las auditorias correspondientes, subrayan el inmenso daño que hacen los negocios en los despachos oficiales en lugar de competir a la luz del día en el mercado libre, tal como advirtió Adam Smith ya en 1776.

*Publicado en Diario de América, Nueva York.