LATIN ENERGY En lo que va del gobierno de Milei el sector energético debió subordinar su accionar, al objetivo excluyente e impostergable de evitar el caos ante la crítica situación en que dejó la economía el gobierno de Fernández. En lo que va de 2025 también a los requerimientos políticos de un año electoral en el que controlar la variable IPC es prioritario por su gran incidencia en el humor del votante.
La situación del área energética heredada también fue crítica en general pero principalmente en sus aspectos técnicos, económicos y financieros.
Veamos. Hasta ahora, el 90% de la energía producida en el país se destinó a la demanda interna que es la que debiera financiar al sector, como lo hiciera hasta 2003, mediante el pago de tarifas y de precios vinculados a los costos económicos de los servicios y bienes que provee. Pero, por imposición del populismo energético, exacerbado en el cuarto gobierno K, esa demando llego a pagar menos del 20% en los servicios de electricidad y gas y valores discrecionales en los combustibles a pesar de tener estos precios desregulados.
Subsidios insuficientes a la producción y congelamiento tarifario a los segmentos regulados en una economía con inflación exorbitante, provocaron descapitalización de los activos productivos por falta de inversión, una mayor inflación por la emisión monetaria destinada a los subsidios y un crecimiento dispendioso de la demanda ante una señal de precios ridículamente bajos. Es decir, menor oferta, mayor demanda, pero insatisfecha, cortes e inflación, a cambio de una ficción tarifaria que generaba beneficios políticos a los gobiernos K.
En la industria petrolera las inversiones se limitaban a lo necesario ya que había intervención discrecional del gobierno en los precios del crudo y de los combustibles, valiéndose de la posición oligopólica de YPF empresa en la que el estado controla el management y el 51% de las acciones. Los contados desarrollos que hubo en el sector en esas condiciones se lograron mediante subsidios del estado ocultos bajo el título de incentivo a la producción, como el Plan Gas y financiaciones del estado para construir infraestructura en gasoductos a precios excesivos aceptados por las urgencias del desabastecimiento y los costos de importación del gas.
No obstante, esa herencia y las restricciones por la emergencia económica, durante 2024 el gobierno avanzó exitosamente en volver a generar ingresos genuinos en el sector reduciendo significativamente subsidios directos, a los productores e indirectos a los distribuidores. Se revirtió la insostenible relación de inicio 70% subsidios del Estado y 30% pago de los usuarios, pero no se pudo completar la tarea de sanear completamente la economía del sector que aún depende de algunos aportes públicos que deberían desaparecer para que la energía funcione con sus propios recursos.
Sigue vigente la segmentación de los usuarios residenciales en función de sus ingresos establecida por el gobierno anterior. Recordemos que el segmento N1 comprende a los de mayor poder adquisitivo, el N2 a los de menor poder y el N3 representando a usuarios de clase media baja. Con los ajustes realizados, a fines del año pasado quedaban todavía 9,5 millones de usuarios de electricidad que pagaban menos del 40% y 5,4 millones de gas menos del 50 %.
Esa porción de la demanda aún subsidiada más las importaciones de gas no cubiertas por las tarifas significaron aportes del tesoro del orden de los USD 6.000 millones.
Durante el presente año electoral se trató de mantener las proporciones de fines del año pasado mediante ajustes cercanos a la inflación, al incumplimiento de acuerdos hechos con generadores y distribuidores en el sector eléctrico y no trasladando al precio del gas los incrementos en el valor del dólar. Otra vez el sector energético participa en la campaña electoral, prioridad 2025 del gobierno. Pero cada vez queda menos margen para restricciones y postergaciones en la energía. Y aquí es necesario destacar la situación dispar que atraviesan los sectores Oil & Gas, o petrolero, por un lado y el eléctrico por otro. Es mucho más crítico el cuadro de situación del sector eléctrico, que tiene buena parte de sus servicios regulados y con decisiones pendientes que debe definir el Estado previo a cualquier convocatoria a la inversión privada.
Dentro del sector petrolero hay que distinguir el negocio del crudo del del gas. En un contexto internacional favorable para el mercado del petróleo y con oferta competitiva en cantidad y precio por los niveles de productividad y eficiencia alcanzados por la industria petrolera en Vaca Muerta, VM, se produjeron inversiones significativas en oleoductos para una evacuación creciente del petróleo de VM con destino a la exportación, tales los casos de la inversión en curso para el oleoducto VM sur y la reciente ampliación del Oldelval. Es decir, las favorables condiciones del mercado internacional del crudo junto las mejoras regulatorias e incentivos como el RIGI, introducidas por el actual gobierno, crearon las condiciones propicias para que las empresas privadas encararan estas inversiones y el desarrollo del mercado de exportación.
En cambio, en gas el tema es algo más complejo. Las empresas deben encarar un negocio nuevo, la exportación al competitivo mercado mundial de gas natural ya que hasta el presente sólo vivió del doméstico y algo del regional, siempre con ayudas del Estado de las que, afortunadamente, ya queda poco. Con el inmenso recurso de Shale gas de VM, el conocimiento y experiencia que las empresas adquirieron para su explotación vía fracking o fractura hidráulica, ahora es necesario invertir en las plantas de licuefacción para transformar al gas en GNL, única forma de transportarlo a otros continentes. Ello implica además la inversión en infraestructura de gasoductos, en el futuro todos dedicados, que unirán VM con las plantas de GNL en el golfo de San Matías. Se encuentran en marcha planes para la exportación de GNL encarados por grupos de petroleras y se espera la llegada de las primeras plantas de licuefacción que operarán en buques especiales amarrados en Punta Colorada para 2027. El plan prevé hacia 2030 ingresos por exportación de GNL del orden de los USD 30.000 millones. Este proyecto requerirá acción en ambos extremos del negocio exportador: el upstream o yacimiento de VM y el cliente internacional, que es el que fijará el precio al que deberá ajustarse toda la cadena de valor. Constituye un gran desafío para una industria acostumbrada a demandas cautivas y a subsidios e intervenciones del Estado.
Donde el problema es mayor y requiere de tratamiento urgente es en el sector eléctrico que se encuentra en estado crítico después de más de 20 años de desinversión. Los tres segmentos que los compones Generación, Transporte y Distribución se han descapitalizado en tal magnitud que serían necesarias inversiones del orden de los USD 25.000 millones para alcanzar la calidad de servicio que había en 2003.
Hoy el sistema eléctrico argentino esta operando al límite, sin capacidad para atender nuevas demandas y con un nivel de confiabilidad muy bajo debido a la gran probabilidad de falla en cualquiera de sus tres componentes. La generación no tiene reserva técnica y opera con máquinas de bajo rendimiento por antigüedad y falta de mantenimiento adecuado. El sistema de transporte ya no cuenta con capacidad para transportar energía de nuevos emprendimientos eólicos en la Patagonia o solares en el NOA ni para abastecer al AMBA en forma segura. Pero lo mas grave es que esa situación puede hacer colapsar el servicio en todo el país como ya ha ocurrido.
La distribución, último eslabón de la cadena de abastecimiento eléctrico y el más expuesto a la opinión pública por estar en contacto con la demanda residencial, es donde se producen las interrupciones más frecuentes de servicios a raíz de la obsolescencia de la red y a su atraso tecnológico.
Para facilitar los proyectos de petróleo y gas, que están bien encaminados, y resolver el grave problema del sector eléctrico, a partir del año entrante ya sin elecciones y con la macro estabilizada, se debería reformular la organización de la conducción política del sector en cabeza de la Secretaría de Energía. No tiene sentido realizar parches en una estructura deformada después de más de 20 años de intervencionismo. Tampoco lo tiene ante los nuevos objetivos que debe encarar la conducción del sector que son: impulsar la exportación de gas y petróleo, y concitar el interés inversor en el descapitalizado sector eléctrico.
En esa nueva configuración de la Secretaría de Energía ya no sería necesaria la figura del Secretario Coordinador creada como alter ego del ministro Caputo ante la necesidad de ejercer el control en el área durante la etapa de recuperación de la estabilidad macro. Las reformas estructurales y necesaria de la cartera de energía mencionadas deberían incluir además el demorado cierre de ENARSA, la reducción del rol de CAMMESA solo a la ejecución del despacho económico de cargas y la desregulación más amplia posible para el ejercicio libre y directo entre la oferta y la demanda.
