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Bolivia se aleja del socialismo

CATO Ian Vásquez dice que Bolivia nos ha dado una prueba más de que el socialismo puesto en práctica no funciona y termina siendo rotundamente rechazado por el pueblo.

Por si hacía falta, Bolivia nos ha dado una prueba más de que el socialismo puesto en práctica no funciona y termina siendo rotundamente rechazado por el pueblo. Así fue el veredicto de ese país, que este domingo votó por poner fin al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que ha mandado la mayor parte de las últimas dos décadas.

El alejamiento del socialismo manifestado en las urnas es contundente. Los tres candidatos presidenciales más votados son de centro y de derecha, y recibieron casi el 80% de los votos. El candidato oficialista obtuvo apenas 3,2% y el candidato alternativo de izquierda, el 8,2%. La segunda vuelta se dará entre Rodrigo Paz (centro) y Jorge Quiroga (derecha).

El rechazo al MAS no es un misterio. El partido ha hundido al país en la peor crisis económica desde los años 80. Pero el cambio tardó y vino luego de un período en el que el partido de Evo Morales gozaba de popularidad. En su momento, algunos hasta hablaban del “milagro boliviano”.

Hubiera sido milagroso si el socialismo hubiera funcionado en Bolivia. El problema predecible fue que las políticas del MAS no eran sostenibles. Cuando Morales llegó al poder en el 2006, el mundo estaba viviendo el principio de un largo ‘boom’ de materias primas. Eso generó una ganancia tremenda que elevó el crecimiento y financió un incremento del gasto público.

Como en buena parte de América Latina, la pobreza cayó notablemente y se dieron mejoras en numerosos indicadores de bienestar. A la misma vez, Bolivia nacionalizó empresas y recursos naturales, aumentó la burocracia y la regulación, y redujo la libertad económica en general.

Cuando el ‘boom’ se acabó en el 2014, el MAS de Evo Morales no se disciplinó y mantuvo un alto nivel de gasto. Esto derivó en un aumento de la deuda pública, el uso de reservas del Banco Central para financiar el gasto y apoyar la moneda nacional, una creciente inflación y control de precios que, predeciblemente, han causado todo tipo de escasez.

Según el Fondo Monetario Internacional, los déficits fiscales del 2023-24 sobrepasaron el 10% del PBI y la deuda pública ha llegado al 95% del PBI. Las reservas en dólares han caído de US$15.000 millones en el 2014 a US$165 millones hace unos meses. La inflación ha llegado al 25%.

El premio Nobel de Economía Milton Friedman alguna vez dijo: “Si se pusiera al gobierno federal a cargo del desierto del Sahara, en cinco años habría escasez de arena”. Hoy también hay escasez de gas y gasolina en Bolivia. La producción de gas ha caído por la mitad desde el 2014 y el Departamento de Comercio de Estados Unidos reporta que, “tras 30 años como país exportador de hidrocarburos, Bolivia se convirtió en importador neto de combustible a partir de abril del 2022”.

Las políticas socialistas no solo afectaron lo económico. Se han vulnerado también el Estado de derecho, y las libertades políticas, personales y civiles. Human Rights Watch, entre otras denuncias, acusó al gobierno de Morales de destituir arbitrariamente a casi 100 jueces, “lo cual debilita seriamente la independencia judicial en el país”. La Fundación Observatorio de Derechos Humanos documenta que hay al menos 173 presos políticos en Bolivia.

Establecer el Estado de derecho y reemplazar el sistema redistributivo por uno que genera riqueza requiere de reformas liberales sustanciales como un recorte del 25% en el gasto público. Por suerte, los candidatos tienen el ejemplo cercano de Argentina, que va por buen camino.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 19 de agosto de 2025.

Política Internacional

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Izquierda, robo y prostitución

CATO Carlos Rodríguez Braun dice que para los progresistas está mal robar si es para uno, pero está bien si es para el partido.

El progresismo no es simplemente una mentira. Es, asimismo, contradicción y vacío.

El caso más llamativo de la contradicción es, por supuesto, la hipocresía, que en ocasiones estalla y sume a las izquierdas en la zozobra y el desconcierto.

Los socialistas se declaran incompatibles con el saqueo, pero cualquiera sabe que el socialismo y el robo son primos consanguíneos, como lo es la falsa pretensión progresista de ser modelo de virtud. Los memoriosos recordarán las primeras elecciones democráticas de 1977, cuando el PSOE se presentó con la brillante consigna de "cien años de honradez", que el personal rápidamente modificó añadiéndole: "y ni un minuto más". Efectivamente, los socialistas empezaron a robar ya entonces con las contratas de los ayuntamientos, como denunció Alonso Puerta, que por tal motivo fue posteriormente expulsado del PSOE.

Las irregularidades continuaron con mayor o menor intensidad, y con la misma hipocresía. Para el PSOE, robar está mal si es para uno, pero no está mal si es para el partido. Por eso Roldán era malo, pero en cambio había que anular parte de las condenas a Chaves y Griñán.

El último capítulo de la contradicción de la izquierda lo protagonizó Gabriel Rufián, que anunció severamente que seguirá apoyando a Pedro Sánchez, el hombre que tiene todas las respuestas, pero siempre que todos los cacos socialistas hayan practicado el pillaje para ellos solitos. En cambio, si se prueba que saquearon para el PSOE, entonces proclamó Rufián que el asunto cambiaría de "escala", porque en ese caso ardería Troya y se quemaría Pedro. Es decir, exactamente lo contrario de lo defendido por la tradición progresista hasta hoy.

En cuanto a la prostitución, la hipocresía ocupa todo el espacio en todos los partidos progres, con héroes del feminismo como Monedero, Errejón o Ábalos. Y casi ocupa toda la conversación y el escándalo.

Sin embargo, hay un aspecto que no ha sido subrayado, que es el vacío analítico de la propuesta estrella de la izquierda: abolir la prostitución. No se trata solo de la hipocresía. Es que no han dedicado estos líderes feministas ni un segundo a pensar en qué pasará después de la prohibición. Ese vacío podría ser llenado con numerosos ejemplos –desde la Ley Seca hasta las drogas, pasando por el contrabando– de controles y prohibiciones que desencadenan efectos notablemente nocivos, sin cumplir con el objetivo inicial.

Este artículo fue publicado originalmente en La Razón (España) el 27 de julio de 2025.

Política Internacional

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El financiamiento universitario

El Congreso dio por sancionado el proyecto de financiamiento universitario. El proyecto plantea añadir gasto público es intolerable para el sostenimiento del superávit fiscal.
 
Se renueva un debate en el que la Fundación Libertad y Progreso ha fijado una posición basada en el arancelamiento para quienes por su nivel socioeconómico pueden pagar. Se debe atender tanto a la gratuidad como a la equidad expuesta en el artículo 75, inciso 19 de nuestra Constitución Nacional.
 
La educación terciaria es deseable para todos aunque, naturalmente, no se puede imponer su obligatoriedad. Lo que debe promoverse es la igualdad de oportunidades. Es decir que todo aquel que tenga las condiciones para completar una carrera universitaria no se vea impedido de hacerlo debido a insuficiente capacidad económica propia o de sus padres. En este caso es entendible que la comunidad le subsidie o financie los estudios, nivelando la oportunidad con quienes pueden pagárselos. Pero la gratuidad para todos excede el objetivo de igualdad de oportunidades y no justifica que aquellos que tienen solvencia económica hagan pagar a los contribuyentes su carrera universitaria. La gratuidad de las universidades estatales ha tomado un carácter cuasi religioso asociado a un falso progresismo en un amplio segmento de la sociedad intelectual y política de la Argentina. Este principio fue recogido en la reforma constitucional de 1994, aunque expresado juntamente con el objetivo de “equidad”. El artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional dice que se deben garantizar los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal. Puede interpretarse que la equidad educativa debe compensar las desigualdades. Esto significa nivelar las oportunidades, facilitando así los estudios a quienes no pueden solventarlos. No implica dar a todos por igual, como si el dinero público fuera un recurso ilimitado y sin costo para nadie.
 
Son muy pocos los países que ofrecen enseñanza universitaria gratuita sin distinción y prácticamente ninguno extiende ese privilegio a estudiantes extranjeros. La experiencia internacional es diversa en cuanto a los instrumentos utilizados para facilitar los estudios de quienes no pueden solventar su costo. Se recurre a becas, a préstamos de honor o a subsidios directos sin obligación de devolución. La identificación de la situación económica personal y familiar dispone hoy de información accesible y procedimientos confidenciales para verificar declaraciones juradas o solicitudes. No es comprensible la defensa de la gratuidad para todos con el argumento de evitar sentimientos de autocompasión y vergüenza. La reforma es necesaria y posible devolviendo el elemento de equidad a la hora de financiar a la universidad.
 
Uno de los métodos es el autofinanciamiento universitario, segmentando el alumnado por nivel socio económico. En base al estudio del presupuesto de la Universidad de Buenos Aires de 2024 estos serían los valores de la cuotas mensuales necesarias por nivel socioeconómico del alumno, manteniendo la gratuidad para aquellos que lo necesitan
 
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¿Nueva guerra contra los cárteles de la droga?

Ian Vásquez considera que caer en el intervencionismo militar para combatir los cárteles de la droga en América Latina sería un grave error.

El presidente Donald Trump, quien fue elegido con la promesa de terminar con las “guerras sin fin” en las que se ha metido Estados Unidos, ha escalado el combate contra los cárteles de la droga en América Latina. Ha declarado que varias son organizaciones terroristas y, de acuerdo con la prensa estadounidense, ha ordenado de manera secreta el uso de la fuerza militar en su contra.

Según Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, a los cárteles “tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones dedicadas al tráfico de drogas”. Agregó que “ya no es un tema de aplicación de la ley, es un asunto de seguridad nacional. Podemos usar agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa o cualquier otro elemento del poder estadounidense para atacarlos”.

Los republicanos han querido usar la fuerza militar en América Latina para estos propósitos por varios años. Pero el solo nombrar a cárteles mexicanos o al Cártel de los Soles de Venezuela como organizaciones terroristas no le da autoridad legal a Trump para usar la fuerza militar. Una acción militar en territorio soberano extranjero es un acto de guerra y requiere que el Congreso estadounidense se declare al respecto previamente.

No es creíble tampoco que Estados Unidos sufre de una emergencia de seguridad nacional a la que Trump tiene que responder unilateralmente. El país ha sido consumidor de drogas por décadas y, por más trágicas que sean las muertes por consumo de fentanilo, estas han caído estrepitosamente en Estados Unidos desde el 2023. En todo caso, sería un grave error caer en el intervencionismo militar. No lograría su objetivo final, dañaría las relaciones diplomáticas por mucho tiempo y podría arrastrar a Estados Unidos a inmiscuirse en otras guerras interminables.

Como ejemplo tomemos a México, donde varios republicanos han querido bombardear a los cárteles o enviar fuerzas armadas especiales. En primer lugar, cualquier incursión militar estadounidense sería rechazada por el pueblo y el gobierno mexicano, fortaleciendo el nacionalismo y dificultando no solo la lucha contra la criminalidad, sino también las relaciones comerciales y migratorias. Trump fácilmente podría amenazar con el uso de aranceles altos, como ya lo ha hecho, o el bloqueo comercial para presionar a México. Y México podría alentar una migración caótica hacia Estados Unidos en vez de cooperar con su país vecino. Peor aún, una lucha militar contra los cárteles tiene poca posibilidad de ser exitosa. México ha librado una guerra contra los cárteles por casi 20 años, capturando a capos y logrando muchos “éxitos” tácticos militares. Pero el resultado ha sido mayor violencia, un incremento de grupos criminales y un flujo de drogas constante hacia Estados Unidos.

Los cárteles mexicanos cuentan con alrededor de 175.000 miembros, la mayoría armados y muchos con equipamiento avanzado de guerra. No es fácil rastrear sus actividades, sobre todo cuando se trata de drogas potentes como el fentanilo que no ocupa mucho espacio para ser producidas o traficadas. Esa tarea militar se tendría que hacer sobre en un territorio mexicano que es tres veces el de Afganistán e incluiría centros urbanos altamente poblados. Cualquier ataque implicaría muertes de mexicanos inocentes, lo cual, sin duda, resultaría en represalias letales contra ciudadanos estadounidenses.

Un reciente juego de guerra del grupo Win Without War Education Fund simuló un ataque de drones estadounidenses y llegó a semejantes conclusiones. No se redujo el flujo de fentanilo a largo plazo; “los ataques militares debilitaron a algunos cárteles, pero fortalecieron a sus rivales, provocaron conflictos internos y propagaron la violencia por todo México”; y México se sumió en “una recesión y devastó a los fabricantes de automóviles estadounidenses y otras industrias dependientes del comercio”. Toda una receta para una guerra interminable e imposible de ganar.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 12 de agosto de 2025.

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