LA NACIÓN Por Carlos Manfroni, Consejero de LyP ¿Qué respondería hoy la porción minoritaria del clero que puede hacer oír su voz en los medios de comunicación de América Latina si le preguntaran si debe pagarse el impuesto al César? ¿Contestaría, como lo hizo Jesús, “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”?

Apresurémonos a aclararlo. Quien esto escribe es un católico practicante, conservador y temeroso de Dios.

¿Fue la respuesta de Jesús una frase para salir del paso? Si pensamos eso o actuamos como si lo creyéramos, la conclusión es que los cristianos hemos perdido la fe. No hay una sola palabra en el Evangelio que haya sido pronunciada en vano. Entonces, aquella respuesta debe querer decirnos algo trascendente; algo que vale para todos los tiempos, aunque ya no estemos bajo el dominio del emperador romano.

Hacia fines de los 70, comienzos de los 80, monseñor Vicente Zazpe, un obispo inconfundiblemente encuadrado del lado de los progresistas y que confrontó abiertamente con el gobierno militar, publicó un libro titulado Cristo: ¿revolucionario o conservador? La obra tuvo muy poca trascendencia, como hasta hace poco tenía poca trascendencia todo lo que no estuviera encuadrado en los moldes de la izquierda, pero su pedagogía era valiosa. En ella, el exobispo de Santa Fe, fallecido en 1984, hacía un repaso de aquellas partes del Evangelio que ligeramente podrían interpretarse o burdamente se han interpretado en uno u otro sentido. Su conclusión –condensada aquí al extremo– era que el Evangelio no debía leerse en tono político, porque el cristianismo convoca a un cambio de la vida interior hacia la fe, la esperanza y la caridad; en menos palabras, a la imitación de Cristo. Así fue siempre, cuando el texto sagrado no era cosificado por la política.

No existe una sola expresión política en el Evangelio, nada que se refiera a la orientación de los gobiernos, a las estructuras del Estado o, mucho menos imaginable, a medidas específicas. Incluso las advertencias más agudas y más temidas en relación con nuestra actitud hacia los pobres, las que aluden al fin de la historia y a la separación de los elegidos de los réprobos, están dirigidas a la persona, no a los gobiernos.

“Vengan, benditos de mi Padre… porque tuve hambre y me dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber…”.

“Luego dirá a los de su izquierda: ‘Aléjense de mí, malditos… porque tuve hambre y no me dieron de comer; tuve sed y no me dieron de beber…’”.

Si estas palabras hubieran sido pronunciadas para los gobernantes, entonces el Evangelio habría sido destinado a muy pocos. Pero, además, ¿cuál sería el mérito de distribuir lo que pertenece a otros?

Todo sería muy fácil: se trataría nada más que de reclamar a los gobiernos y eludir así la responsabilidad personal. Eso fue lo que hizo la Teología de la Liberación en los 70, y esa es la impronta que ella dejó en una parte del clero y en una enorme porción de la feligresía católica.

De ese modo, mi obligación ya no es la caridad, sino la militancia. Así es como tantos países de América se cubrieron de sangre en aquella década. Porque matar y morir era más fácil que dar y porque si en la Argentina hubo agrupaciones trotskistas, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, hubo miles de jóvenes que ingresaron en Montoneros desde las parroquias y colegios católicos. Entonces ya no es Jesús el modelo a seguir, sino una doctrina que dice parecerse al Evangelio, pero que en realidad lo dio vuelta como una media.

En el derecho existe una figura que se llama “expropiación inversa”. Con ese término se conoce a la demanda que hace un particular para que el Estado le expropie su dominio y le pague por él.

Hemos demandado al Estado que nos expropie la virtud; que sea el gobierno el virtuoso y nos permita continuar con nuestra mezquindad y nuestros vicios; que nos deje así lavar nuestra conciencia.

El socialismo acrecienta nuestro egoísmo en relación con los demás, porque nos genera la ilusión de que alguien que está en la cima de la pirámide política se preocupa de ellos por nosotros. En el socialismo, el buen samaritano desaparece; solo queda el militante, por un lado, y una enorme muchedumbre de indiferentes, por otro. Y cuando la militancia llega al clero, podemos alcanzar el extremo de ver a sacerdotes trepados a las paredes, exaltados, fanatizados para llegar a una persona que no es Jesús.

“Corruptio optimi pessima”, decían los antiguos: “La corrupción de lo mejor es lo peor”.

En una entrevista con el programa Hola Chiche, el exsecretario de Energía, Emilio Apud, analizó la situación del juicio internacional por la expropiación de YPF y el posible impacto del apoyo expresado recientemente por el gobierno de los Estados Unidos a favor de la Argentina. Según su mirada, ese respaldo tiene un peso significativo en el plano político y puede colaborar con las apelaciones presentadas por el Estado argentino, dado que, si bien la Justicia norteamericana es independiente, el Ejecutivo puede ejercer cierto grado de influencia a través de gestos, argumentos o sugerencias indirectas.

Apud remarcó que la demanda está dirigida contra el Estado argentino y no contra YPF como empresa, y consideró que aún hay margen para reducir el monto de la condena si se enfoca correctamente la estrategia judicial.

Estimó que, teniendo en cuenta el momento en que se estableció la valuación de la indemnización, es posible lograr una reducción de entre seis mil y siete mil millones de dólares. Para él, la parte demandante tampoco espera cobrar la totalidad de los 16.100 millones más intereses que figuran en la sentencia, sino que estaría dispuesta a abrir un proceso de negociación para buscar formas alternativas de cobro.

Aunque aún no se puede negociar directamente porque hay una apelación en trámite, Apud sostuvo que podrían activarse mecanismos informales o contactos discretos a través de terceros que ya han participado de negociaciones similares en el pasado. 

Durante la entrevista, también se refirió al futuro de AYSA y confirmó que hay inversores interesados en una posible privatización, siempre y cuando el Estado cumpla con los compromisos básicos establecidos en los contratos, especialmente en lo relacionado con las tarifas.

Señaló que la experiencia de los años noventa fue positiva al principio, con una empresa francesa de primer nivel al frente del servicio, pero que todo comenzó a deteriorarse cuando las tarifas se congelaron y el Estado dejó de hacer los pagos correspondientes.

Apud advirtió que el problema de fondo no es solo financiero sino estructural. Consideró inaceptable que en un país como la Argentina apenas el 40 por ciento de la población tenga acceso a cloacas y solo el 70 por ciento cuente con agua corriente. Además, cuestionó la falta de medidores de consumo, lo que impide un uso racional del recurso.

LA NACIÓN Por Gustavo Irrazábal, Consejero del Instituto Acton Entre los principios del pensamiento social católico, no cabe duda de que la “opción preferencial por los pobres” es uno de los que presentan mayores dificultades de interpretación. Por un lado, cuenta con claras raíces bíblicas y evangélicas; por otro, se presta fácilmente a lecturas incorrectas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se la entiende como una invitación a analizar las injusticias sociales únicamente en términos de “ricos” y “pobres”, concebidos como dos clases sociales homogéneas, definidas ante todo por su nivel de ingresos y con intereses necesariamente contrapuestos, donde los “ricos” serían siempre los explotadores y los “pobres”, los explotados.

Sin embargo, este enfoque binario resulta insuficiente, al menos desde el punto de vista de la ética social, como puede ilustrarse con algunos ejemplos. Dejando de lado, por razones de claridad, las actividades criminales, centrémonos en las lícitas. Imaginemos un empresario que ha adquirido una vivienda lujosa en un barrio privado como fruto de su actividad emprendedora: produce bienes o servicios demandados por la sociedad y genera empleo en su comunidad. Podríamos clasificarlo como “rico”, pero sin una connotación ética negativa, ya que no se ha enriquecido a costa de otros. Pensemos, en cambio, en otro empresario que ha alcanzado una prosperidad similar, pero no mediante la libre competencia ni el servicio al consumidor, sino gracias a protecciones arancelarias o exenciones fiscales injustificadas. Este “rico” sí ha acumulado su fortuna injustamente, a expensas del conjunto social.

Casos como estos no pueden ser comprendidos adecuadamente bajo la dicotomía simplista que separa y opone “ricos” y “pobres”. Supongamos, por ejemplo, que un jubilado ha cumplido con todos los aportes exigidos por la ley y, sin embargo, ve reducidos sus ingresos previsionales porque millones de personas han sido incorporadas al sistema jubilatorio sin aportes o con aportes incompletos, mediante moratorias excesivamente laxas. Pensemos en un trabajador sindicalizado que goza de amplios derechos laborales amparados por una legislación desbalanceada a su favor y en perjuicio del empleador, al punto de dificultar seriamente la contratación de nuevos trabajadores, lo que termina afectando especialmente a jóvenes sin experiencia o a aspirantes con baja calificación, que quedan así excluidos del empleo registrado. O consideremos, finalmente, un sistema impositivo tan gravoso que hace inviable para muchos emprendedores el ingreso en la economía formal. En todos estos casos, los beneficiados pueden no ser “ricos” en sentido económico y los perjudicados pueden no ser “pobres”, pero lo que sí está presente es una estructura de privilegios injustos para algunos y postergaciones igualmente injustas para otros.

Todo esto muestra que las causas de la pobreza no residen exclusivamente en la desigualdad de ingresos, sino que muchas veces deben buscarse en una compleja red de leyes y regulaciones que perpetúan privilegios sectoriales y generan obstáculos para el florecimiento económico del conjunto de la sociedad. En este sentido, la “opción preferencial por los pobres” debe entenderse como un llamado a transformar ese statu quo estructuralmente injusto. Resulta llamativo que muchos autodenominados defensores de la justicia social, enarbolando un discurso progresista, se opongan a cualquier reforma que ponga fin a estos privilegios. A la vez, algunos que descalifican retóricamente la justicia social pueden revelarse, en los hechos, como los promotores más efectivos de algunas de sus principales exigencias

SURTIDORES La liberalización de los precios de los combustibles en Argentina avanza en los discursos oficiales, pero según se analiza en la práctica parece tener un límite claro: los valores que impone YPF. Con una diferencia de hasta el 7 por ciento por debajo de la competencia, la petrolera sigue funcionando como regulador indirecto del mercado y obliga a las demás compañías a adaptarse a un esquema de competencia parcial, donde la referencia la marca una decisión política.

Así lo dejó planteado en diálogo con surtidores.com.ar, Emilio Apud, exsecretario de Energía, quien consideró que esta política deforma la competencia y posterga una verdadera apertura. “Espero que no sea por presiones del socio principal, que es el Estado, porque eso distorsiona la transparencia del negocio de combustibles”, advirtió. Su diagnóstico no sólo alertó sobre la falta de reglas parejas, sino también sobre los efectos que esta política genera en las Estaciones de Servicio independientes.

Con el precio internacional del crudo Brent estabilizado por debajo de los 70 dólares tras varios meses de tensión geopolítica, el componente más volátil del precio final parece bajo control. “El impacto del conflicto entre Israel e Irán ya fue absorbido. No se esperan grandes sobresaltos en el corto plazo”, afirmó Apud.

Pero más allá del petróleo, el precio en los surtidores depende de otras variables internas: el tipo de cambio, los biocombustibles y los impuestos. El ex funcionario explicó que en los últimos tres meses el dólar oficial subió un 10 por ciento, el biodiésel un 7 por ciento y el bioetanol un 2,5 por ciento, mientras que los impuestos, aunque aún rezagados, crecieron hasta un 1,5 por ciento. Según su análisis, las próximas subas —si las hay— estarán más relacionadas con estos factores que con el petróleo en sí.

Sin embargo, el verdadero punto de debate es la política de precios de YPF. Mientras las demás empresas ajustan sus números en función de la inflación y el costo operativo, la estatal mantiene valores más bajos que el resto. “No se entiende muy bien por qué. Eso genera una presión constante sobre el resto del mercado y condiciona la rentabilidad de las Estaciones de Servicio, sobre todo las que no tienen vínculo con la compañía”, sostuvo Apud.

El entrevistado comentó que para los estacioneros de otras marcas, esta situación plantea un escenario complejo en el cual deben elegir entre sostener precios alineados con los de YPF —resignando margen— o subir y arriesgarse a perder volumen.

Según Apud, recién en 2026 podría darse una verdadera apertura del mercado, con reglas claras y competencia plena, incluso con la posibilidad de importar combustibles para romper posibles acuerdos de precios entre petroleras locales. “Hasta entonces, habrá que convivir con un esquema híbrido, donde YPF sigue teniendo un rol dominante no sólo por su cuota de mercado, sino por su cercanía con el poder político”, concluyó.