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La mala noticia es que tenemos que pagar 16.000 millones de dólares VIDEO

PERFIL En diálogo con Canal E, el exfuncionario energético Emilio Apud criticó la gestión kirchnerista en la expropiación de YPF y advirtió sobre un invierno con tensiones eléctricas por falta de inversiones.

Un fallo millonario y una herencia pesada

"Está firme la sentencia de 16.000 millones de dólares", explicó el entrevistado, al referirse al fallo que condena a la Argentina a indemnizar al fondo Burford por la expropiación de YPF. El exsecretario de Energía y exdirector de la petrolera detalló que ahora se debate la forma de pago, tras la decisión judicial que habilita la entrega del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado.

"Dudo que el 51% pueda cubrir todo, porque estaríamos hablando de unos 7.000 millones de dólares", señaló Apud, quien agregó que el valor bursátil de la empresa actualmente ronda los 12.500 o 13.000 millones.

Acciones en disputa y apelaciones

El especialista en energía aclaró que el fallo aún puede ser apelado, pero dejó abierta la pregunta sobre cuánto cubren efectivamente esas acciones frente al monto exigido.
"Todavía no está en claro qué parte de la deuda cubre ese 51%", explicó. Además, se mostró escéptico respecto a la posibilidad de que se salde todo el monto solo con acciones: "Si fuera así, habría que negociar un poco".

Críticas al origen del conflicto

Apud no evitó apuntar contra los responsables políticos del conflicto con Burford Capital: "Son macanas que hizo el Gobierno de Cristina en 2012, en particular el actual gobernador Kicillof", remarcó con dureza.

Según explicó, el grupo Eskenazi tuvo "acceso a las acciones de YPF de una forma muy irregular", lo que debilitó la posición argentina desde el inicio. Y fue enfático: "La mala noticia es que tenemos que pagar 16.000 millones de dólares".

Importación de gas: el último invierno con barcos

Consultado sobre la situación energética, Apud fue optimista en lo que respecta al gas: "Este año, a lo mejor sería el último que hay que importar algún barquito", dijo, en relación al Gas Natural Licuado (GNL).

Explicó que aún falta infraestructura para evacuar el gas de Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo, por lo cual todavía es necesario mantener un barco regasificador activo. Sin embargo, sostuvo que el país está cerca de la autosuficiencia en ese recurso.

La electricidad, en zona de riesgo

Donde mostró más preocupación fue en el sistema eléctrico. "Estamos en el 6% de reserva y es muy poco para responder a un pico", advirtió, en referencia al margen mínimo necesario para asegurar el abastecimiento.

El exfuncionario señaló que la demanda alcanzó los 26.500 megavatios en invierno, un valor cercano a los consumos del verano, y remarcó que "pueden llegar a tener algún tipo de trastorno en el abastecimiento eléctrico" si se mantiene la alta demanda y alguna máquina clave sale de servicio.

Verano con luces amarillas

Apud fue contundente al evaluar las perspectivas de corto plazo: "En electricidad ya estamos con las luces amarillas", alertó. Según dijo, no se han iniciado inversiones en ninguno de los tres sectores clave del sistema eléctrico: generación, transporte y distribución.

"Cualquier inversión en esos segmentos requiere más de un año, y este verano ya casi casi lo tendríamos jugado también", concluyó.

Economía Argentina, política argentina

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Estados Unidos entra en guerra

CATO Ian Vásquez estima que el riesgo de que el conflicto con Irán se transforme en una guerra mayor no es menor.

El presidente de Estados UnidosDonald Trump, decidió bombardear tres instalaciones nucleares en Irán este fin de semana, uniendo a Estados Unidos así a la guerra que Israel inició contra ese país hace semanas.

Trump declaró que la operación fue un éxito total y que “aniquiló completa y totalmente” a los tres objetivos. Dijo que la meta era “destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y poner fin a la amenaza nuclear”. Según esa descripción, el ataque militar incapacita enormemente al régimen iraní, reduciendo o eliminando la necesidad de que Estados Unidos tenga que volver a tomar acciones bélicas allí.

La descripción de Trump, sin embargo, es exageradamente simplista y, por lo tanto, engañosa. Los retos de desarmar el programa nuclear iraní son complejos y la retórica de Trump no toma en cuenta los efectos secundarios o de largo plazo del bombardeo.

El bombardeo sin duda dañó las tres instalaciones nucleares iraníes, pero es dudoso que las haya destruido completamente. En todo caso no hay manera de que se sepa la magnitud de los daños inmediatamente. El experto Jeffrey Lewis señala que el ataque no arruinó de manera importante los materiales ni la infraestructura necesaria para que Irán continúe con su programa nuclear. Numerosos otros expertos están de acuerdo.

Según Jon Hoffman, por ejemplo, “incapacitar permanentemente las instalaciones nucleares iraníes no es una operación de una sola vez: destruirlas requeriría múltiples oleadas de ataques, lo que significa una operación militar estadounidense indefinida sobre el espacio aéreo iraní. Si bien los ataques a instalaciones individuales pueden hacer retroceder el programa, no pueden eliminarlo de forma permanente; el programa está ampliamente disperso en una plétora de instalaciones conocidas –y probablemente desconocidas–. […] la mayor parte del uranio enriquecido almacenado en estas instalaciones [bombardeadas] fue evacuado antes de los ataques”.

La idea de que el bombardeo presionaría al régimen iraní a llegar a una solución diplomática bajo los términos que impuso Trump tampoco fue realista. Cada vez que Irán ha sido atacado o amenazado, ha debilitado a los moderados dentro del régimen y fortalecido a los halcones, estimulando una respuesta agresiva.

De hecho, ayer Irán lanzó misiles a la base militar más grande de Estados Unidos en la región, ubicada en Qatar. Podría hacer lo mismo con varias o muchas de las 63 bases militares que Estados Unidos mantiene en el Medio Oriente. Varios países en el golfo Pérsico han cerrado su espacio aéreo ante posibles ataques iraníes. Irán podría además alentar ataques terroristas a los ciudadanos estadounidenses en la región.

Ojalá que ambos lados dejen de seguir atacándose y que el conflicto no se extienda. Pero es difícil pensar que allí terminará. Si Irán sigue atacando a Estados Unidos o provoca bajas estadounidenses, Estados Unidos responderá con fuerza, arrastrándolo a una guerra más intensa.

Por su parte, Israel, que bajo el liderazgo de su primer ministro Benjamín Netanyahu ha buscado por largo tiempo un cambio de régimen a la fuerza en Irán, seguirá atacando a Irán y provocándolo a que siga respondiendo de manera bélica, socavando las posibilidades de una solución diplomática.

Trump prometió que pondría fin al involucramiento de su país en “guerras eternas” en Medio Oriente y que no le interesaba un cambio de régimen en Irán. Ahora que aparentemente Israel y sus partidarios le han convencido de bombardear a ese país, Trump dice que no descarta cambiar el régimen iraní a la fuerza.

El riesgo de que el conflicto con Irán se transforme en una guerra mayor o que Estados Unidos se inmiscuya en un atolladero –contrario a sus intereses y a lo que prometió Trump– no es menor.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 24 de junio de 2025.

Política Internacional

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Federalismo y educación: la libertad que las provincias aún no ejercen

CLARÍN En la Argentina, la educación es una atribución constitucional de las provincias. Una derivación de este principio federal, frecuentemente ignorada en el debate público, es que otorga a cada jurisdicción la posibilidad de avanzar hacia esquemas que brinden mayor libertad a las familias para elegir la educación de sus hijos.

Una situación similar se observa en los Estados Unidos, donde el gobierno federal cumple un rol acotado en materia educativa. La Décima Enmienda de la Constitución estadounidense establece: “Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados, quedan reservados a los Estados respectivamente o al pueblo”.

Dado que la educación no figura entre los poderes delegados al gobierno federal, esta quedó en manos de los estados. Así, han surgido diversos mecanismos de libertad educativa: escuelas , sistemas de cuentas de ahorro para la educación y , todos administrados a nivel estatal o distrital.

En cambio, en Argentina, aunque las provincias cuentan con poder formal, las opciones para las familias son muy limitadas. Por supuesto, la autonomía provincial no es absoluta. Por ejemplo, las provincias deben garantizar como mínimo los contenidos curriculares comunes acordados a nivel nacional, los llamados Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, según lo establece la Ley de Educación Nacional. Sin embargo, fuera de estos núcleos, disponen de un amplio margen para adaptar sus currículas y ensayar esquemas organizativos diversos.

Ese margen abre una oportunidad concreta para que las provincias adopten esquemas de financiamiento alternativo, por ejemplo, mediante vouchers o cuentas de ahorro para la educación, que financien directamente a las familias en lugar de a los establecimientos educativos, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.

Por supuesto, ello debe complementarse con la imprescindible autorización a las escuelas privadas para ofrecer sus propios planes de estudio y metodologías de enseñanza. De lo contrario, la libertad para las familias sería parcial, desde el momento en que no tendrían un menú real de opciones para elegir qué escuela es la más adecuada para las aptitudes e intereses de sus hijos, o bien sus valores familiares.

La pregunta es inevitable: si en Argentina las provincias tienen autonomía educativa, ¿por qué no avanzar hacia experiencias de libertad educativa? ¿Qué provincia será la primera en implementar un programa de para familias de bajos recursos, financiado con parte del presupuesto destinado a la educación pública?

La transformación del sistema educativo argentino no ocurrirá de un día para el otro. Pero puede comenzar desde abajo, desde las provincias que se atrevan a ensayar nuevos caminos, en virtud del federalismo educativo consagrado en nuestra Constitución.

La libertad educativa no es un eslogan: es una herramienta concreta para ofrecer oportunidades reales a quienes hoy más las necesitan. En un sistema donde la cuna es el principal predictor para el rendimiento académico de un niño, seguir haciendo lo mismo una y otra vez no parece ser el camino correcto.

La Argentina federal tiene en sus manos la posibilidad de liderar un cambio. Solo hace falta la decisión política y el coraje de un gobierno provincial —uno solo— para que la educación comience a transformarse desde un acto de autonomía y responsabilidad. Un cambio que puede abrir posibilidades impensadas para muchos de nuestros niños, a quienes hoy estamos defraudando.

Educación, política argentina

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