La semana pasada, la Fundación Libertad y Progreso tuvo el honor se presentar el último trabajo desarrollado por el área de desarrollo humano: "El potencial argentino: Políticas para el desarrollo humano". En el mismo, se abordan cuestiones educativas para la primera infancia, bajo una perspectiva liberal, poniendo el foco en la adaptación del sistema frente a los cambios y desafíos del futuro.

Este evento fue organizado gracias a la colaboración conjunta del Archbridge Institute, el UCEMA Friedman Hayek Center for the Study of a Free Society, y contó con el auspicio de Vurpix, RVD.AI y el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento S.A.

LA NACIÓN Asus 74 años, Julián de Diego es uno de los hombres más escuchados en el mundo del empleo y los recursos humanos. Lleva una vida dedicada al universo de las relaciones de trabajo y del derecho laboral y, con el acervo de haber atravesado cientos de transformaciones, no le tiembla el pulso a la hora de afirmar que “los trabajadores están expuestos a su suerte y viven en una especie de libertad condicional”.

Para el catedrático en Derecho del Trabajo, los directores de Recursos Humanos de las compañías están haciendo un esfuerzo inmenso frente al avance irremediable -y sin freno- de las nuevas tecnologías. “Este fenómeno puso al mundo del revés y lleva a que, tarde o temprano, muchos puestos de trabajo que hasta hoy requerían de talento posiblemente desaparezcan. Esto es lo que se llama ‘cancelación’ dentro del mundo de las tecnologías, y ‘sustitución’ dentro del mundo del derecho laboral”, explicó.

A la hora de analizar esta tendencia, para De Diego, la cita de una antigua frase de Antonio Gramsci, filósofo y fundador del partido comunista italiano, resultó inevitable: “Lo viejo que muere no termina de morir; y lo nuevo que nace no termina de nacer. En el medio, nacen los monstruos”.

“Gramsci no hablaba de monstruos físicos, sino de las novedades que obligaban a toda la comunidad a transformarse. Hoy, ese monstruo son las nuevas tecnologías. Hoy vemos un proceso de adaptación, no solo a las nuevas tecnologías, sino a las nuevas condiciones del mercado de trabajo, sentadas por las políticas oficiales del Poder Ejecutivo. Y a veces se confunde la reforma laboral con la motosierra”, enfatizó.

LA NACION El 15 de abril último se publicó en esta misma sección una columna de mi autoría, titulada “Educación para Recuperar la Esperanza de un Futuro Mejor,” en la cual proponía cinco leyes para que el gobierno pudiera tomar la iniciativa frente a la crisis educativa que había heredado. Hoy, la primera de ellas es una realidad: la educación ha sido declarada actividad esencial. El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, que incluye a la educación de niveles inicial, primario, secundario y especial como servicio esencial. La medida establece la obligación de garantizar una prestación mínima del 75% en caso de huelgas o conflictos laborales.

Como era de esperarse, la decisión generó críticas de los líderes sindicales, quienes sostienen que limita el derecho constitucional a la huelga. Por tal razón, es oportuno exponer algunos de los argumentos que justifican esta valiente medida, la cual habrá de cambiar las posibilidades de vida de muchos niños y jóvenes, víctimas inocentes del accionar de los líderes sindicales.

A diferencia de los sindicatos docentes, los niños y jóvenes no pueden realizar medidas de fuerza para defender sus derechos. Para peor, muchos padres han dejado de prestar atención al nivel de los servicios educativos provistos por las escuelas conforme las mismas se fueron burocratizando y los padres tuvieron cada vez un rol menor.

La evidencia de nuestro país demuestra con contundencia que el hecho que los niños estén en el aula no es garantía de que accedan a educación de excelencia; pero, si ni siquiera tienen clases, no hay posibilidad alguna de ello. ¿Cómo lograr algo aparentemente tan elemental como que los niños puedan concurrir a la escuela? ¿Cómo enfrentar con éxito a sindicatos docentes que apelan al paro indiscriminadamente, sin importarles violar el derecho a la educación de los niños de nuestra patria? Es claro que declarar la educación como una actividad esencial resulta imprescindible.

Cabe recordar que el derecho a la educación se encuentra plasmado en nuestra Constitución Nacional, por ejemplo, implícitamente en el artículo 14, al establecer que todos los habitantes de la Nación gozan de los derechos a enseñar y aprender. Explícitamente, la Constitución también reconoce el derecho del niño a la educación, en su artículo 75, inciso 22, al incorporar la Convención de los Derechos del Niño ¿Quién puede afirmar que en la Argentina hoy se respeta literalmente el artículo 28 de la Convención, en cuanto a que el derecho a la educación debe poder ser ejercido en condiciones de igualdad de oportunidades? ¿Quién puede sostener que un joven que ha asistido a un colegio de gestión pública tiene las mismas oportunidades para desarrollarse, en la sociedad del conocimiento en la que le ha tocado vivir, que un joven que ha concurrido a un colegio de gestión privada, en función de los días de clase perdidos por paros docentes?

Por supuesto, los sindicatos docentes siempre han expresado su rechazo a declarar la educación como un servicio esencial fundándose en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los que la Argentina adhirió y que tienen rango constitucional y, por ende, jerarquía superior a las leyes. Al respecto, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha establecido que la educación no es un servicio esencial, dado que su interrupción no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población.

Sin embargo, los paros docentes sí involucran un riesgo de vida para nuestros niños y jóvenes. Su vida futura, especialmente la de aquellos que menos tienen y más necesitan, sería radicalmente distinta de poder cursar sin interrupciones la escolaridad que el Estado tiene la obligación de garantizar.

¿Quién puede realmente creer que los días de clase perdidos por los paros docentes se recuperan en la práctica? Por supuesto, los niños de familias humildes son los más perjudicados, es imposible desconocerlo.

El 14 de agosto de 2024 la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley presentado por el titular de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, que declara a la educación como un servicio estratégico esencial y obliga a las escuelas a abrir los días de paro y contar con una guardia mínima de personal que garantice el derecho a la educación de los niños y adolescentes. Entre otros puntos, el proyecto estipula que el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de la medida de fuerza, para garantizar la continuidad de las clases. Si el paro se prolonga por más de dos días, este porcentaje se incrementará al 50%.

Sin dudas, la aprobación del proyecto constituía un avance, pero era insuficiente para defender el derecho a la educación de los niños y jóvenes que asisten a escuelas de gestión pública, mayormente afectados por los paros docentes.

¿Quién puede imaginarse que un niño que asiste a clases en un establecimiento donde concurriría tan sólo el 30% de los docentes, en medio de un clima enrarecido, puede desarrollar su proceso de aprendizaje con normalidad? Ello no es suficiente para garantizar el derecho a la educación.

Resultaba mucho más apropiado, por ejemplo, el porcentaje de asistencia docente requerido por el DNU del gobierno nacional de diciembre de 2023. El mismo, en su artículo 97, inciso f, definía la educación como uno de los servicios esenciales, y explicitaba que: “en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer las partes una cobertura menor al setenta y cinco (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Pero, como es sabido, todo el capítulo laboral quedó frenado por la Justicia y, por ende, nunca llegó a efectivizarse.

El 1° de marzo de 2024, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei expresó: “En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales. Por eso, incluimos en el decreto de necesidad y urgencia a la educación como servicio esencial, lo cual le sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará a prestar al menos un 75% del servicio educativo durante cualquier huelga”.

Es claro que tiene razón. La inclusión de la educación entre los servicios esenciales representa una decisión tan necesaria como impostergable. No resolverá de inmediato todos los problemas de nuestro sistema educativo, pero constituye un paso firme en defensa de quienes no pueden alzar la voz: nuestros niños. Que este primer paso marque el camino, y no tenga marcha atrás.

LA NACIÓN  Una lectura rápida y desapasionada del resultado de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires -celebradas el 18 de mayo- podría llevarnos a conclusiones interesantes para repensar desafíos al sistema político y a la partidocracia actual desde el liberalismo.

En primer lugar, la alta abstención de participación electoral (votó el 53% del padrón) podría responder al distanciamiento de la realidad del ciudadano y el partido que gobierna la ciudad hace 18 años: el Pro se ha desconectado de los problemas cotidianos de la gente. Esto genera rechazo y desinterés por participar en un sistema que no los representa. Pero ¿por qué? ¿qué significa “no los representa” ?

En esta elección estaban en juego solamente 30 cargos a legisladores, dada la renovación parcial de la legislatura. Sin embargo, si consideramos el número total de legisladores además de los comuneros (los votamos en el 2023, desde el 2011) tenemos que:

● Población estimada de CABA (2024): 3.100.000 habitantes.

● Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires: 60 legisladores.

● Relación actual (solo Legisladores CABA): 3.100.000 habitantes/60 legisladores=51.667 habitantes por legislador de CABA.

● Integrando los consejeros comunales: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se divide en 15 Comunas. Cada Comuna tiene una Junta Comunal compuesta por 7 miembros (consejeros comunales). Total de consejeros comunales: 15 Comunas×7 consejeros/Comuna=105 consejeros comunales.

● Nuevo cálculo: legisladores CABA + consejeros comunales (sumamos todos los representantes electos a nivel de la ciudad). Total de representantes electos en CABA: 60 legisladores + 105 consejeros comunales = 165 representantes.

● Nueva Tasa de habitantes por representante electo en CABA (legisladores + consejeros): 3.100.000 habitantes/165 representantes=18.788 habitantes por representante electo en CABA.

Traducido, cada 18.788 habitantes la ciudad tiene un representante electo, legislador o comunero, y sin embargo, los reclamos por el estado de la ciudad son cada vez más elocuentes. La renovación parcial de la Legislatura y la nacionalización de la elección contribuyeron pero no explican la alta abstención: ¿hay una relación entre la abstención y el exceso de cargos legislativos? Posiblemente. Pero este artículo no versa sobre (a todas luces) el inevitable rediseño institucional de la ciudad, sino sobre su forma de elegirlos: la persistencia de la lista cerrada y bloqueada en la ciudad es una herramienta que beneficia a los partidos pero que subestima al elector, y el elector está cansado de que lo subestimen. En un reciente estudio publicado en LA NACION el 22 de mayo se resalta que un alto porcentaje de la población desconfía del sistema electoral.

Una lista abierta y desbloqueada (elijo a quien quiero de las opciones que me presenten los partidos) compromete al ciudadano con su voto, restándole poder al partido. El sistema de boleta sábana, con múltiples categorías y listas kilométricas, puede ser confuso y engorroso. Además, fomenta el voto a la lista completa en lugar de la elección de individuos por sus méritos, lo que desincentiva la investigación de los candidatos. En las listas de la ciudad corría el comentario en boca de muchos “después de fulano, es un tren fantasma”. En esta línea, desbloquear las listas sería el primer paso de un conjunto de reformas políticas que deberíamos discutir en clave a mejorar la relación representante-representado y la rendición de cuentas.

En clave liberal, una reforma de cómo votamos no se resuelve con una boleta única o electrónica, sino dando mayor libertad de elección al ciudadano. El liberalismo convierte al individuo en ciudadano. Esa es la reforma pendiente de nuestro sistema electoral, una reforma que le dé mayor poder al individuo para que pueda elegir su mejor combinación de candidatos. Hoy la ciudad podría discutir una reforma de este tipo (como lo ha implementado Brasil) o un sistema de circunscripciones uni o binomiales, pero lo cierto es que el sistema tal como está diseñado responde a una lógica que al ciudadano del siglo XXI le causa cada vez mayor rechazo.

La respuesta no sería forzar o reforzar la participación, sino crear un sistema donde el voto sea una elección valiosa y donde la política demuestre ser un camino efectivo para la libertad y la prosperidad, con menos intromisión estatal y más responsabilidad individual.